El presidente del Supremo lamenta ante el Rey la «anomalía» de que no se renueve el CGPJ

La apertura del año judicial ha estado presidida como cada año por el Rey Felipe VI quien, a su llegada, ha saludado a Manuel Marchena, Francisco Marín, Luis María Díez-Picazo presidentes de las salas I, II y III del Tribunal Supremo, así como al presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes. Normalmente, en el saludo debería haber cinco presidentes, pero la congelación de los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial ha reducido la lista de este particular saludo. El inicio del curso ha estado marcado por el coronavirus, que ha centrado gran parte de los discursos, así como por la petición de Lesmes de «analizar el estado de alarma» pese a las discrepancias políticas.

En un acto absolutamente atípico debido al coronavirus, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se estrena al frente del órgano, ha sido la primera en hablar y ha comenzado su parlamente recordando «a quienes perdieron la vida en condiciones increíblemente dolorosas. La enfermedad quiso ensañarse con quienes eran más vulnerables».

Delgado, que tenía que presentar la Memoria Anual del Ministerio Público, ha realizado un discurso plano y sin prácticamente datos. De hecho, en la parte que habla de corrupción, la jefa de la Fiscalía  ha dedicado menos de nueve líneas a este tema. Unas líneas que tan solo dicen que la corrupción sigue siendo «uno de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal».

La ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez no ha querido pisar callos y, por ejemplo, del juicio más importante de la historia de la democracia, el que ha sentado en el banquillo a los ya condenados por el proceso separatista, la fiscal solo ha dicho que ha tenido «publicidad reforzada», que han sido condenados por sedición, y que «culmina así un proceso penal de especial trascendencia a todos los niveles».

El discurso ha sido tan blanco y genuflexionado al que fuera su Gobierno, que ni siquiera ha solicitado más medios para la Fiscalía, algo que han hecho todos sus predecesores. De hecho, solo ha hablado del buen hacer de los 2.500 fiscales que hay en España. La política judicial ni estaba, ni se la esperaba.

El lamento de Lesmes

Tras la fiscal general del Estado ha sido el turno del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Como Delgado, también ha centrado parte de su discurso en la pandemia de coronavirus. Pero, a diferencia de su compañera, Lesmes sí ha hablado de un tema espinoso, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial por falta de acuerdo entre PP y PSOE.

Así, Lesmes ha dicho que: «El año pasado, ya vencido el mandato del actual CGPJ y por lo tanto en prórroga de mis funciones, pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé que tener que reproducir de nuevo este año, pero la renovación de la institución sigue sin producirse pese a que la venimos reclamando insistentemente. Este retraso representa una ser anomalía».

Y ha añadido: «Me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones». Lesmes ha recordado las funciones del CGPJ, y les ha dicho a PP y PSOE que la no renovación es «un grave quebranto para la Justicia, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes».

El presidente del Tribunal Supremo ha explicado al Rey que «toda crisis es también una oportunidad para avanzar», y que ello puede ser el «detonante» para un cambio en la Administración de Justicia, «hoy ineficientemente organizada, con procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada, pero nunca terminada».

Carlos Lesmes no ha temido pisar charcos en su discurso. De hecho, ha entrado incluso a valorar el estado de alarma. El presidente del Supremo ha afirmado que, «al margen de discrepancias políticas y transcurridos unos meses, quizás ahora ya sí sea útil un análisis sosegado sobre el contenido del estado de alarma decretado, para, profundizando en su conocimiento, resolver cómo mejorar nuestros mecanismos de respuesta -jurídicos y no jurídicos- frente a las situaciones de crisis, habida cuenta de la inapelable tozudez con la que la historia nos demuestra que se podrán repetir en el futuro».

Por último, dentro de su discurso, Carlos Lesmes ha hablado de los datos de la memoria anual. Como ha explicado, la tasa de litigiosidad y asuntos ingresados no ha dejado de crecer por tercer año consecutivo. Los datos no son nada halagüeños, por lo que, a su juicio, «el sobreesfuerzo de los integrantes de la carrera judicial no es suficiente».

Es por ello que ha solicitado reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos, «una urgente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» que otorgue al recurso de casación «el tratamiento que reclama su naturaleza, así como «la gran reforma organizativa de la Justicia española, continuamente postergada y sin la cual, no podremos superar la ineficiencias que siguen lastrando la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio público propio del siglo XXI».

Asistentes

Pese a lo descafeinado del acto de apertura del año judicial, pues tan solo se ha permitido el 30 por ciento del aforo, varias altas autoridades del Estado han acudido a la cita. A su llegada, varias personas han vitoreado al rey al grito de «viva el rey» y «cuídese del Marqués de Galapagar, que el sitio le quiere quitar», en clara referencia a líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Pero más allá de la anécdota, en la sala junto a Felipe VI han estado las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop; el jefe de la oposición, Pablo Casado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; y del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entre otras autoridades.

Además de las personalidades previamente citadas, a la ceremonia han asistido magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.