El PP recurrirá al Tribunal Constitucional la ley del terrorismo callejero de Sánchez

El Partido Popular lanza su ofensiva para frenar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno y que supondrá una total indefensión para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido este martes con representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante las intenciones del Gobierno y ha anunciado que su partido se sumará a las protestas que han convocado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los cambios que se prevén con la reforma.

«Nos manifestaremos con los representantes de la Policía y la Guardia Civil para rechazar la reforma de la Ley de Seguridad. Si se aprueba la recurriremos al Constitucional y en cuanto gobernemos la derogaremos. Es una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad», ha escrito Casado en sus redes sociales. 

Las organizaciones sindicales de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil avanzaron el pasado viernes la convocatoria de una gran manifestación el próximo 27 de noviembre en Madrid. El PP, además, ha anunciado que estará presente «en todas y cada una de las manifestaciones que vayan a convocar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» con una presencia «al más alto nivel».

Medidas polémicas

Sin duda, uno de los puntos que genera más preocupación a las Fuerzas de Seguridad es el que respecta a las grabaciones. Una medida, recuerdan, que se produce en un momento en que las agresiones a los agentes se han incrementado, llegando a 30 al día, y cuando se viven momentos de gran conflictividad social. Según la propuesta, la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, además de su difusión sin permiso, no constituirá infracción, pero los agentes, mientras, no podrán grabar a los infractores.

Además, no se pondrán sanciones a las manifestaciones no comunicadas y las responsabilidades se limitarán a sus promotores. También se limita el tiempo de detención, que pasará de seis horas a dos como máximo, en el caso de aquellas personas que son arrestadas y se niegan a identificarse. Los detenidos tendrán que ser devueltos al lugar del arresto tras ser puestos en libertad. Asimismo, se limita la capacidad de los agentes para efectuar cacheos, de forma que no se podrá pedir a ninguna persona que se desnude en una actuación policial.

El Ejecutivo también diseña cambios en la utilización del material antidisturbios, obligando a los agentes a usar «medios menos lesivos» y «evitando aquellos que causen lesiones irreparables». Y se pone en duda la presunción de veracidad del atestado policial, de forma que «gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario». La reforma también reduce las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en espacios públicos y establecimientos, que pasarán de graves a leves.