El PP invocará contra Sánchez en el Congreso una sentencia del Supremo de 2013 que rechazó la amnistía

El PP invocará en el Congreso de los Diputados contra Pedro Sánchez y sus socios independentistas una sentencia del Tribunal Supremo del año 2013 que rechazó de plano la amnistía, esto es, un indulto generalizado que no contempla la Constitución pero que el líder socialista ha brindado a los golpistas del 1-O para salir investido tras las elecciones del 23J.

El acuerdo entre PSOE y Junts presentado este jueves en Bruselas con la firma del secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dedica un apartado concreto a la Ley de Amnistía para «procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato».

«Esta ley -recoge el texto- debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha venido reclamando una amnistía para «4.000» encausados en el procés.

Santos Cerdán admitió el pasado martes que el periodo que abarcará la ley será desde 2012, con los preparativos del 9-N de 2014, hasta la actualidad para incluir así la última imputación de Puigdemont por presunto delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.

A la espera de que la proposición de la Ley de Amnistía sea registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE de Sánchez y sus socios, fuentes del PP avanzan que el partido de Alberto Núñez Feijóo defenderá en la Mesa de la Cámara Baja que la amnistía fue rechazada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2013 que anuló el indulto a un kamikaze y dio 3 meses al Gobierno para subsanar la ausencia de las razones de justicia, equidad o utilidad de la medida.

El Grupo Popular, añaden las fuentes, tendrá oportunidad de apelar a dicha sentencia tanto en el momento de calificación de la proposición de ley como después en la presentación de una solicitud de reconsideración si la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, acepta tramitar la iniciativa.

En aquella sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señaló: «La Constitución Española (CE), según hemos expresado, ha reconocido el derecho de gracia en los términos establecidos en su artículo 62, declarando, sin embargo, el mismo no aplicable a los casos de responsabilidad del Presidente y demás miembros del Gobierno (artículo 102.3 CE), y no considerándolo susceptible de la iniciativa popular (artículo 87.3 CE); esto es, limitado, pues, a los indultos particulares, al excluirse del derecho de gracia tanto los de carácter general (artículo 62.i CE) como la amnistía».

Sánchez como el general Trasíbulo

Asimismo, en uno de los votos particulares, el emitido por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, apareció igualmente la palabra «amnistía» cuando el firmante recordó que este concepto proviene de «la vieja institución del ‘acto de amnistía’ -o de ‘olvido’ (‘amnestía’)- que otorgó Trasíbulo, por primera vez, en el año 403 a. de C. a los treinta tiranos que habían esclavizado Atenas». El general ateniense de ahora es Pedro Sánchez y los treinta tiranos son los cabecillas separatistas del golpe del 1-O en Cataluña.

La citada sentencia de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal fue aludida y remarcada el pasado miércoles por Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal, durante su intervención en unas jornadas parlamentarias organizadas por el Grupo Popular con el título Frente a la amnistía: igualdad, libertad y dignidad. Gimbernat compartió mesa con los también catedráticos Teresa Freixes, Nicolás González-Cuéllar Serrano, Tomás Ramón Fernández y José Manuel Vera Santos.