El PP exige incluir el delito de corrupción entre los no indultables en pleno ‘caso Begoña Gómez’

El PP exige que los delitos de corrupción política y económica sean incluidos entre los no indultables en plena investigación judicial de los casos que afectan al entorno más directo de Pedro Sánchez (su esposa Begoña Gómez y su hermano David Azagra), a su partido y a su Gobierno (trama Koldo). Así lo plantean los populares en una iniciativa que han llevado al Congreso de los Diputados y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se trata de una proposición no de ley registrada para su debate y votación en la Comisión de Justicia de la Cámara baja. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un proyecto de Ley para la modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, de forma que se incluyan dentro del catálogo de delitos a los que no se puede aplicar la gracia del indulto, todos los de corrupción política o económica tipificados en nuestro ordenamiento penal», dice la PNL en su parte dispositiva.

En la exposición de motivos de la PNL, el grupo del portavoz Miguel Tellado subraya que «en un Estado social y democrático de derecho los ciudadanos y los poderes públicos debemos colaborar y trabajar por una convivencia en paz basada en el respeto a la Ley y a las decisiones judiciales». En este contexto, añaden, «es clave el papel que están llamados a desempeñar los representantes públicos y los partidos políticos que con sus actuaciones deben ser leales a la Constitución y a toda la ciudadanía sin que por acción u omisión se amparen, se legitimen o se protejan conductas tendentes a romper el orden constitucional», recoge la iniciativa.

«Estamos presenciando cómo el Gobierno de España está utilizando el poder de las instituciones con el fin de minimizar, tapar, cubrir y esconder los casos de corrupción que bien salpican a éste directamente o al Partido Socialista», critican los populares de Alberto Núñez Feijóo después de los privilegios de los que ha gozado la imputada Begoña Gómez.

Y citan aquí «las investigaciones en curso a la mujer del presidente del Gobierno (Begoña Gómez) por presunta corrupción y tráfico de influencias o la investigación de su hermano por malversación, prevaricación y tráfico de influencias». En concreto, en el caso del músico David Sánchez Pérez-Castejón, alto cargo de la Diputación socialista de Badajoz, se encuentra imputado por hasta cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. David Azagra -como se hace llamar artísticamente- es director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz pero tiene fijada su residencia en Portugal y no ha tributado por IRPF en España en los últimos años.

«Pareciera que este Gobierno amparara una estructura con el único objetivo de seguir en el poder, y que pudiera extenderse más allá, incluyendo empresas públicas, organismos independientes y hasta otros poderes del Estado, desgastando la legitimidad de las decisiones tomadas por instituciones y organismos judiciales totalmente legítimos que son testigos de cómo el Gobierno pretende ejercer el control sobre ellos», sostienen también los populares justo cuando se ha conocido el nombramiento del ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España, algo que no ocurrió -el paso directo de dirigir un ministerio a ser gobernador- desde la dictadura de Franco, en el año 1965 con la designación de Mariano Navarro Rubio.

«Ataque a la democracia»

«El indulto es y deber ser un recurso excepcional para dar cumplimiento total o parcialmente a la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los juzgados y tribunales, y sólo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad. Por la naturaleza misma de algunos delitos, la concesión del indulto supone un ataque a la democracia y a nuestras reglas de convivencia. Es inadmisible que se proceda a dar este ejercicio de gracia a personas que utilizan su cargo público para propio beneficio o interés», sentencian los populares.

En su programa electoral para las generales del 23 de julio de 2023, comicios que acabó ganando pero no logró gobernar, el PP se comprometió a «modificar la ley del indulto para reforzar la motivación por parte del Gobierno del derecho de gracia».

«Frente al uso partidista de los instrumentos del Estado evidenciado por este Gobierno (indultos a los líderes del procés, eliminación del delito de sedición y reducción de las penas por malversación), desde el Partido Popular reiteramos nuestro compromiso firme con el respeto al principio de legalidad y de igualdad de los españoles ante la ley», denunciaron los de Feijóo en la redacción de dicho programa electoral.