ASAMBLEA DE MADRID

El PP acusa a la Asamblea de rebeldía institucional y pide paralizar el recurso al TSJM

Asamblea
Asamblea de Madrid.
Paula Baena

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha presentado este jueves un escrito a la Mesa en el que solicita la paralización del recurso contencioso-administrativo que el órgano de gobierno de la cámara regional ha acordado presentar ante el TSJM para paralizar la convocatoria electoral. El PP acusa a la Mesa de la Asamblea de haber entrado en rebeldía institucional.

El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, solicita, además, que se anulen y rectifiquen los acuerdos de calificación de los escritos de moción de censura presentados ayer por Más Madrid y PSOE después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso firmara el decreto de disolución de la Cámara y la convocatoria anticipada de elecciones.

La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea ha asumido este jueves la disolución del Parlamento autonómico después de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) pero ha acordado, con la oposición tanto de PP como de Vox, presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el decreto de convocatoria electoral, al entender que hay dos mociones de censura en trámite.

En su escrito, el Partido Popular recuerda que el Reglamento de la Asamblea no recoge en ninguno de sus artículos la atribución a la Mesa de la Diputación de la competencia para presentar recurso contencioso-administrativo y «menos contra un decreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

El texto señala que la única referencia recogida en el Reglamento hace referencia a la presentación de recursos por parte de la Asamblea de inconstitucionalidad, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta.

La causa por la cual el Reglamento no incluye la competencia de presentación de recursos contenciosos-administrativos, prosigue el escrito, es porque «carece tanto de legitimidad ad processum y ad causam para recurrir los actos del Gobierno, cuya relación es de naturaleza política y no jurídica».

«La Asamblea no puede recurrir la decisiones del Gobierno, ni tiene un interés legítimo, ya que como institución o administración, tiene potestades pero no intereses», argumenta.

Para los populares el anunciado recurso «es solo una maniobra más de dilación por parte de la Mesa de la Diputación Permanente a la hora de aceptar la disolución del Parlamento».

«Se ha de considerar que la Asamblea va en contra de sus propios actos, ya que dando por producida su disolución y habiendo convocado un órgano de la Diputación Permanente, como es la Mesa, no tiene sentido el recurso», explica, y agrega que si la Asamblea ha declarado con su disolución la caducidad de las mociones de censura, no puede asumir su existencia para argumentar un recurso sobre el que no tiene legitimidad, so pena de ir contra sus propios actos.

Por otra parte, el escrito sostiene que la reunión de la Mesa de la Asamblea celebrada el pasado miércoles de forma extraordinaria apenas hora y media después de la presentación de las mociones de censura para estudiarlas se realizó en claro fraude de ley.

En este sentido indica primero que contravino el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea que señala que «salvo autorización, por unanimidad, de la Mesa de la Asamblea o de la Mesa de la Comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo».

En este caso, la Mesa se convocó con media hora de antelación y «sin remitir siquiera la documentación oportuna» por lo que se consideraría «reunión invalida por vicio en su convocatoria».

Además, explica que esta fue una reunión celebrada con carácter de urgencia porque según La Programación de la Líneas Generales de a Asamblea, en su acuerdo primero se dice que las reuniones de la Mesa tendrán lugar semanalmente los lunes a las 11.00 horas.

Sin embargo, a pesar de tratarse de una reunión de urgencia no se respetó el artículo 50 que fija los requisitos para este tipo de celebraciones y se incluyeron en el Orden del Día asuntos con entrada posterior a las 12.00 horas del jueves anterior de la reunión -las dos mociones de censura- algo que también contraviene el funcionamiento de la Asamblea.

Una actuación que para el Grupo Parlamentario Popular responde a la «inconfesable intención de burlar de manera fraudulenta el Acuerdo de Disolución firmado por la presidenta».

La Mesa ha confundido de manera deliberada los conceptos de validez y entrada en vigor, sostiene, porque «el acuerdo de disolución es válido desde su firma, con independencia de su entrada en vigor -con su publicación en el BOCM este jueves- que legalmente tiene que ser al día siguiente».

Ese es precisamente el argumento al que se acogieron tanto Más Madrid como PSOE para la presentación de las mociones dado que, a su juicio, la disolución de la cámara por parte de Díaz Ayuso, pese a haberse firmado a las 12.25 del miércoles, no se hacía efectiva hasta su publicación en el BOCM al día siguiente.

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