A instancias del Tribunal de Cuentas

La Policía investiga las cuentas de los cerebros del 9-N para recuperar los 5 millones malversados

Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega
Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega. (Foto: EFE)

El Tribunal de Cuentas sigue muy de cerca la pista a los organizadores del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. La Policía investiga los movimientos bancarios y los intereses en bancos de inversión de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. El fiscal jefe de dicho Tribunal, Miguel Ángel Torres Morato, quiere recuperar los 5 millones de euros de dinero público que tanto Mas como sus consejeros habrían empleado de manera fraudulenta en la organización de su desafío al Estado.

De hecho, un informe interno de la Fiscalía establece que la cifra final malversada en el 9-N estaría más cerca de los 10 que de los 5 millones de euros. El Ministerio Público apoyaría así la denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes. Esta denuncia considera que, a pesar de haber sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional debido a la organización de una consulta sin marco legal, eso no los exonera de su implicación contable por el manejo indebido de dinero procedente de las arcas públicas.

La denuncia establece que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs emplearon fondos públicos para hacer unas votaciones que carecían de “cobertura constitucional y legal” y, por lo tanto, les exigen responsabilidades contables y presupuestarias. Es más, el asunto podría ampliarse. Cabe la posibilidad de que estas investigaciones señalen también a los altos funcionarios que se implicaron en la celebración de una consulta ilegal en la que participaron 1,8 millones de personas.

Esto ocurre en un contexto difícil para los independentistas catalanes. Los impulsores del movimiento secesionista pretenden hacer un referéndum idéntico al del 9-N. Esta vez, el próximo 1 de octubre. Dicha iniciativa ha provocado un profundo cisma, ya que algunos secesionistas comienzan a pensar que el desafío a las instituciones del Estado ha ido demasiado lejos. El Tribunal de Cuentas, a través de la Policía, estará muy atento tanto a los responsables del anterior referéndum ilegal como a todos aquellos que puedan involucrarse en el del mes de octubre.

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