Podemos quiere a Victoria Rosell como futura ministra de Justicia y un fiscal general afín

Podemos quiere a Victoria Rosell como futura ministra de Justicia y un fiscal general afín
Victoria Rosell. (Foto. Podemos)

Podemos quiere controlar la Justicia en un futuro Gobierno de coalición con el PSOE de Pedro Sánchez. Y la forma de conseguirlo pasa, según los planes de Pablo Iglesias, por elevar a la que fuera su cabeza de lista por las Islas Canarias, Victoria Rosell, como la próxima ministra de Justicia. El movimiento no pretende únicamente ocupar esa importante cartera ministerial: además, Podemos quiere que ese puesto en manos moradas sirva para controlar la Fiscalía por medio de un segundo movimiento que implicaría sustituir a la actual fiscal general, María José Segarra, y poner al frente de esa decisiva institución a una persona afín a los de Iglesias.

Esta magistrada de 50 años, nacida en Murcia y que desde 1996 ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Canarias, es una de las principales bazas con las que cuenta Podemos dentro de sus quinielas de ministeriales. Es más, desde el partido liderado por Iglesias pretenden vender la opción como una elección técnica para intentar que su ascenso sea más factible.

Desde la filas socialistas conocen el movimiento y son conscientes del poder que supondría de cara a un posterior ascenso político de Podemos y una competición con el Partido Socialista. Fuentes del PSOE señalan que “quien mande en el Ministerio de Justicia será quien tenga la capacidad de controlar la Fiscalía, y esa baza en manos de Podemos puede suponer un problema, incluso para el propio PSOE”. Hay que recordar que fue el propio presidente en funciones Sánchez quien deslizó su capacidad actual de controlar a la Fiscalía en una entrevista muy reciente en RNE. Y perder esa baza para regalársela a Iglesias no es una de sus prioridades.

Pese a ello, hay que recordar que Pedro Sánchez ha manifestado ya en diversas ocasiones que aceptaría nombres propuestos por Podemos que no tuvieran un marcado perfil político y que sí lo tuvieran técnico.

Rosell fue ya en las listas de Podemos en 2015. Y dimitió cuatro meses más tarde después de ser elegida por incompatibilidad con el código ético de Podemos, tras recibir una querella por parte del ex ministro José Manuel Soria, su rival en las urnas, que acabó archivada en diciembre de 2016 al no apreciarse indicios de delito. Soria la denunció por un caso que afectaba al ex ministro del PP y que había juzgado la política podemita en su etapa como magistrada en Las Palmas de Gran Canaria.

Tres años más tarde, al no estar investigada y, por tanto, no existir ya esa incompatibilidad con el código ético de Podemos, Rosell anunció su vuelta a la política.

Y eso le permitiría abordar una misión adicional: la de encargarse de controlar la Fiscalía. Podemos y ERC han unido fuerzas en el objetivo de castigar a la actual fiscal general del Estado, María José Segarra. Ella no estuvo en el juicio del 1-O. Pero sí respaldó permanentemente a los cuatro fiscales que durante todo el proceso judicial mantuvieron la acusación a los golpistas por el delito de rebelión.

Podemos quiere contentar a los separatistas y provocar un cambio que permita la entrada de un fiscal general más acomodaticio a sus órdenes. Y los independentistas quieren vengarse de un cargo que, pese a proceder de planteamientos progresistas, permitió trabajar a los fiscales en medio de la órbita de presión existente y creciente.

Por todo ello, Podemos y ERC han unido fuerzas para que la llegada del nuevo Gobierno suponga la salida de la actual fiscal general del Estado.

El próximo Ejecutivo tendrá que proceder al nombramiento de un nuevo fiscal general. Por plazos, podría seguir Segarra sin problema, pues lleva algo más de un año al frente de este órgano, en concreto desde el 29 de junio de 2018. Pero esa no parece ser la suerte que le espera. La Fiscalía General es un órgano clave en los procesos judiciales que afectan, por ejemplo a Quim Torra, y ahora se abre la posibilidad de designar a un nuevo jefe de la Fiscalía por cuatro años, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y los nuevos socios de La Moncloa no quieren que repita la misma persona que dio independencia a los fiscales para acusar de rebelión a Junqueras, los ‘Jordis’ y el resto de golpistas del 1-O.

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