El PNV exige a Sánchez el tributo por su apoyo: voz propia para reclamar a la UE 5.702 millones del rescate

El PNV no se ha quedado atrás en la pelea por poner en valor su peso en el apoyo a Pedro Sánchez: el lehendakari Iñigo Urkullu ha reclamado una doble exigencia al Gobierno socialcomunista: en primer lugar, poder negociar proyectos de inversión directamente con la UE, como si fuera un estado soberano -proyectos de los que pueden ser financiados con el rescate europeo por el COVID-.

En segundo lugar, que casi 6.000 millones de esos fondos acaben destinados al País Vasco. Y es que, con ese importe, el PNV está convencido de que puede movilizar otros 13.000 millones privados para lanzar un total de casi 20.000 millones de capital inversor.

No se trata de la primera vez que el PNV de Iñigo Urkullu plantea para su Gobierno regional un papel cuasi estatal en las relaciones con la UE: un papel reservado a los estados miembros, y no a las regiones. En la conferencia regional del pasado 26 de octubre, el lehendakari Urkullu, ante los mandatarios autonómicos, el presidente Pedro Sánchez y la responsable de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el dirigente vasco ya exigió poco menos que una cogobernanza. Y ahora lo vuelve a reclamar con cifras encima de la mesa.

Urkullu ha remitido diversas cartas ya a las autoridades comunitarias para exigir un diálogo directo en la negociación de proyectos de inversión. Y ahora lo hace con el dinero del rescate europeo por el Covid en juego.

Iñigo Urkullu quiere recibir de la UE 5.702 millones de euros. Un dinero con el que, asegura, que es capaz de movilizar otros 13.135 millones en inversiones. Y quiere negociarlo de forma directa ante la UE, eso sí, con el permiso previo del responsable de adjudicar esa cuantía destinada inicialmente a toda España: Pedro Sánchez.

Mantener los apoyos parlamentarios

Pedro Sánchez ya ha dado reiteradas muestra de estar dispuesto a pagar lo que haga falta con tal de mantener sus apoyos parlamentarios. Necesita el respaldo de los separatistas vascos y catalanes y los ha engrasado desde el inicio. En especial para la negociación de los Presupuestos. Uno de los mayores pagos fue realizado hace ya medio año: el País Vasco se benefició de un margen extra de déficit del 2,6% y una deuda pública del 15,9% en 2020. Traducido: el Gobierno de Urkullu logró más de 1.700 millones extra por año.

La Generalitat catalana no se quedó callada en aquel momento y reclamó un envío de al menos 3.000 millones de euros anuales en concepto de ayudas directas procedentes del fondo de reconstrucción europeo. En total, las exigencias de ambos organismos sumaban cerca de 5.000 millones de euros al año de los que el resto de autonomías se han despedido para que Sánchez pudiera pagar sus peajes y sacar adelante sus Presupuestos.

Los fondos procedentes del rescate europeo tienen el propósito de reactivar la economía española tras el grave impacto de la pandemia del Covid-19 en las comunidades autónomas. Pero se han convertido ya, al menos en parte, en un medio de pagar las alianzas de Sánchez.
El propio presidente del Gobierno dejó claro su control total de los fondos durante su intervención en el plenario de la XXI Conferencia de Presidentes que se celebró el pasado años en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. El líder del Ejecutivo trasladó desde el primer instante a los presidentes autonómicos que él sería el encargado de dirigir el fondo de recuperación creado tras el acuerdo alcanzando en el Consejo Europeo, y que lo haría a través de una Comisión interministerial que presidirá él mismo.

Asimismo, Sánchez anunció la creación de una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno en La Moncloa. También explicó que «habrá colaboración público-privada a través de un grupo de alto nivel» a la hora de gestionar esos fondos, así como colaboración multinivel en varios foros, como la Conferencia sectorial con las comunidades y ciudades autónomas, que lidera la ministra de Hacienda.

Además, aseguró que se introduciría el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes, y que en este proceso de gobernanza participarían también las entidades locales.

Ahora es PNV quien le toma la delantera y quien aprovecha ese manoseo para exigir intervenir en la decisión final de la asignación de sus partidas financieras. Y lo hace con dos fines: el primero, el de garantizarse más fondos; el segundo, el de dejar claro que no renuncia por nada del mundo a sus aspiraciones soberanistas, en concreto, a tener voz y decisión directa ante las instancias de la UE.