Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora tras enviarlas a juicio por cuatro delitos

Tráfico de influencias

El juez Peinado aprecia indicios de que Begoña Gómez, en su condición de esposa del jefe del Ejecutivo, ejerció una presión singular sobre las autoridades académicas de la UCM.

El rector Joaquín Goyache acudió al Palacio de la Moncloa para reunirse con ella, sin conocerla previamente «más que por los medios, porque es la mujer del señor presidente del Gobierno».

El vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, declaró que el rector le transmitió que «tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente», y que el convenio de creación fue tramitado con una celeridad inusitada, «como si ya estuviera preparado».

Respecto a Cristina Álvarez, el magistrado considera que su participación «puede calificarse provisionalmente como presión moral ante quien debía decidir» y que, «en la percepción de los interlocutores, excedía de lo meramente protocolario».

La investigada llegó a firmar comunicaciones «como directora de Programas, Secretaría General de Presidencia» en gestiones vinculadas a la cátedra, «proyectando deliberadamente la apariencia y autoridad de su función pública sobre una actividad estrictamente privada y mercantil».

La acumulación de indicios sobre Barrabés se asienta, según el auto, en la coincidencia temporal entre sus reuniones en la Moncloa y la emisión de cartas de apoyo a la UTE formada por Innova Next y The Valley, que resultó adjudicataria de dos contratos de Red.es adjudicados en julio y agosto de 2021 por importes de 7,7 millones y 4,4 millones de euros respectivamente.

El juez aprecia «un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada Begoña Gómez Fernández y apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés».

El software apropiado

El grueso del relato fáctico sobre apropiación indebida y malversación se centra en el software desarrollado bajo el paraguas universitario. La UCM gastó al menos 108.765 euros en su desarrollo, al que contribuyeron también Indra con 128.442 euros, Telefónica con 50.000 euros y Google con 110.000 euros —parte de los cuales, 70.000 euros, no figuraron en las cuentas universitarias—.

El activo tecnológico acabó alojado en el dominio transformatsc.org, transferido a nombre de Begoña Gómez el 13 de julio de 2023, mientras que el 21 de noviembre de ese mismo año ella constituyó la sociedad mercantil Transforma TSC, S.L., de la que figura como única socia y administradora.

El juez subraya que las investigadas interrumpieron todo contacto con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM justo cuatro días después de recibir el contrato de cesión de derechos a favor de la universidad, el 6 de octubre de 2022. Ese mismo mes, Begoña Gómez solicitó a título personal el registro de la marca que incluía el dominio web.

Medidas cautelares y próximos pasos

El magistrado ha impuesto a ambas acusadas la retirada de todos sus pasaportes —incluidos los diplomáticos— con prohibición expresa de obtener uno nuevo, la prohibición de salir de España con comunicación a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, y la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes.

Para justificar el riesgo de fuga, el auto señala que la protección que proporciona la escolta del Estado a Begoña Gómez es algo «efímero y por tanto transitorio», pues está ligada a la condición de su esposo como presidente del Gobierno.

Una causa que nació entre los pasillos de la Moncloa y las aulas de la Complutense concluirá, si no hay nuevos avatares procesales tras los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, ante doce ciudadanos anónimos en una sala de la Audiencia Provincial de Madrid. El jurado, esa institución que la democracia española implantó en 1995, tendrá la última palabra sobre el mayor proceso judicial vinculado a la familia de un presidente del Gobierno en la historia reciente del país.