Peinado investiga 2 nuevos delitos en el ‘caso Begoña Gómez’ en un contrato a Barrabés de 4 millones de euros

El magistrado Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro del caso Begoña Gómez para investigar irregularidades en la adjudicación de un contrato de apoyo a pymes financiado con fondos europeos, después de que la Fiscalía Europea le trasladara un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y dejara sin efecto su propio decreto de apertura de diligencias.

La providencia, fechada este 18 de junio de 2026 y consultada por OKDIARIO, ordena además dar traslado al Ministerio Fiscal para que emita informe sobre la tipicidad de los hechos.

El origen de este nuevo capítulo del caso Begoña Gómez está en el Expediente de Red.es relativo al «Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento», publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de junio de 2020, con un presupuesto base de licitación de 4.053.500 euros. La UTE adjudicataria estuvo formada por Innova Next SL –la empresa del socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés– y KPMG, y su financiación corrió a cargo de fondos FEDER.

El atestado de la UCO, entregado a la Fiscalía Europea a principios de 2026, analiza las comunicaciones electrónicas en las cuentas Office 365 de 13 personas vinculadas a la tramitación de dos expedientes de Red.es, que ya eran objeto de investigación en el procedimiento.

Atestado UCO Innova Next

Según el decreto de la Fiscalía Europea de 8 de junio de 2026, el informe policial revela que «en la adjudicación el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria».

El firmante de los informes de valoración en los tres procedimientos fue el mismo investigado, identificado como Luis Prieto. Es el director de Economía Digital de la empresa pública Red.es y está imputado por presuntas irregularidades y trato de favor en la adjudicación de contratos públicos a Barrabés. El ex director de Red.es David Cierco ha señalado a Prieto como el principal responsable de redactar los pliegos de contratación pública que fueron adjudicados al empresario, estrechamente relacionado con Begoña Gómez

Más llamativo aún es lo que los agentes hallaron al analizar los borradores internos del proceso de valoración: según la Fiscalía Europea, el informe policial constata que «se habría incluido comentarios sobre los que se habría construido las valoraciones finales aludiendo en uno de ellos al hecho de que la UTE KPMG-Innova no habría incluido el Libro Blanco, hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores».

La Fiscalía Europea consideró que esta circunstancia podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea y, el 20 de abril de 2026, dictó decreto de avocación parcial de las diligencias previas de Peinado respecto a ese expediente. Es decir, reclamaban esa parte del caso al juzgado para investigarlo por su cuenta. En origen la organización HazteOir denunció los hechos ante el Ministerio Público comunitario que ahora mete en más problemas al Gobierno de Pedro Sánchez.

La defensa de Juan Carlos Barrabés recurrió la avocación. El 4 de junio de 2026 la Audiencia Nacional, con decisión del magistrado Antonio Piña, estimó la impugnación y revocó íntegramente el decreto de avocación, argumentando que el expediente ya había sido objeto de instrucción por el Juzgado 41 y que la Abogacía del Estado había acreditado documentalmente que no fue financiado con fondos europeos, lo que cuestionaba la propia competencia de la Fiscalía Europea.

Avocación de la  Fiscalía Europea

El auto de la Audiencia Nacional, sin embargo, no ha clausurado el asunto. Una vez revocada la avocación, la Fiscalía Europea consideró que los hechos nuevos contenidos en el atestado de la UCO eran desconocidos por el Juzgado 41 y resultaba «imprescindible» ponerlos en su conocimiento. Así, el 8 de junio de 2026, los fiscales europeos delegados firmaron simultáneamente el decreto que dejaba sin efecto la avocación y el oficio de traslado a Peinado.