Peinado cita a un ex secretario de Estado para que aclare cómo fichó a la asesora de Begoña en Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado ha dado un nuevo paso en la investigación sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en la Presidencia del Gobierno al servicio de los intereses privados de Begoña Gómez. El magistrado instructor, en una providencia consultada por OKDIARIO, cita a declarar a Alfredo González Gómez, quien fuera vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, para el próximo 26 de febrero. Se trata del ex secretario de Estado de Política Territorial.

La nueva providencia judicial del caso Begoña Gómez, fechada este 13 de febrero de 2025, busca arrojar luz sobre las circunstancias del nombramiento de Cristina Álvarez en Moncloa a las órdenes de la esposa del actual presidente del Gobierno. La investigación se enmarca en las diligencias que investigan posibles delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Según la documentación oficial remitida por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez ocupa el puesto de trabajo número 226642, con nivel 26, denominado «Director/Directora de Programas». Su nombramiento se produjo con efectividad desde el 16 de julio de 2018, en un puesto de personal eventual, al poco de que Pedro Sánchez desembarcara en La Moncloa.

El documento firmado por Raúl Díaz Silva, responsable de la administración y coordinación del personal en el Palacio de la Moncloa, detalla que las tareas de Álvarez Rodríguez son de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo, centradas en la atención a la esposa del presidente del Gobierno. Sus funciones abarcan desde la gestión de agendas y preparación de reuniones, hasta la coordinación con equipos de protocolo, seguridad y asuntos exteriores.

Alfredo González Gómez firmó la propuesta de nombramiento en julio de 2018 cuando era vicecretario general. Deberá comparecer para explicar los detalles de su decisión. La providencia judicial indica que González Gómez será llamado a declarar en calidad de testigo sobre la propuesta de nombramiento de Álvarez.

Entre las organizaciones que han ejercido la acción popular en este caso se encuentran asociaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa, el partido político Vox y el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, entre otros.

La investigación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pidió a la Presidencia del Gobierno una exhaustiva documentación, incluyendo el contrato de nombramiento, las funciones específicas y las retribuciones de Álvarez Rodríguez desde 2018 hasta 2025. Los documentos revelan un complemento de productividad mensual de 420,55 euros y un puesto de trabajo adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El certificado de tareas enfatiza el carácter de confianza de las funciones de Álvarez Rodríguez, destacando su rol en la coordinación y apoyo directo al entorno presidencial. Sin embargo, la naturaleza de estas tareas ha generado controversia y dudas sobre la regularidad de su nombramiento.

Los investigados en este procedimiento incluyen no solo a Álvarez Rodríguez, sino también a otros altos cargos como Joaquín Goyache Goñi, Juan Carlos Barrabés Cónsul y Juan José Güemes Barrios. La última en unirse a la lista de imputados es precisamente Cristina Álvarez.

Las partes tienen un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma contra esta resolución. La vista con Alfredo González, también ex concejal del PSOE en Madrid, está señalada para el próximo 26 de febrero a las 13:00 horas.

Peticiones de las partes

Por su parte, las acusaciones populares del caso Begoña –a excepción de Vox– han recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de cambiar la condición de testigo a investigada de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. Su objetivo es que el juez «aporte mayor motivación y argumentación» en su resolución, con la que, aclaran, están absolutamente de acuerdo.

En un escrito, la dirección letrada de las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, busca evitar que la Audiencia Provincial de Madrid anule la resolución, tal como lo hizo con otras diligencias de investigación por falta de motivación suficiente.

El auto de imputación de Peinado del 28 de enero para las acusaciones está insuficientemente argumentado. A pesar de estar de acuerdo con la decisión de investigar a Álvarez, consideran que la resolución judicial «debería contener mayor argumentación», especialmente después de que la Audiencia Provincial anulara previamente otros autos por falta de justificación.

Las acusaciones populares señalan varios elementos que deberían reforzar la imputación. Entre ellos, destacan la relación de puestos de trabajo de Moncloa y el nombramiento de Álvarez en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que evidenciarían una posible incompatibilidad de su labor como «directora de Programas» con su supuesta actuación como asesora de Begoña Gómez.

Un punto clave es la declaración de Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, quien describió a Álvarez como persona de confianza de Begoña Gómez. Según su testimonio, Álvarez mantenía más de cien correos electrónicos con la esposa de Sánchez y siempre la acompañaba a la universidad.

Las acusaciones populares sugieren que Álvarez pudo haber jugado un papel relevante en los hechos investigados, al actuar como asistenta personal de Gómez. Señalan la posibilidad de que estuviera utilizando su posición en el Gobierno para beneficiar los negocios particulares de Begoña Gómez que investiga Peinado.