Sánchez, sobre el indulto a los golpistas: «Este Gobierno apuesta por el reencuentro»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado al «reencuentro» al pronunciarse sobre la posible concesión del indulto por parte del Ministerio de Justicia a los presos golpistas del 1-O. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha evitado referirse a si la medida de gracia llegará al Consejo de Ministros antes de la celebración de las elecciones catalanas del 14 de febrero, como exigen sus socios de Podemos en el Gobierno de coalición, o después.

En el marco de la comparecencia de balance anual protagonizada por Sánchez este martes en La Moncloa y dentro del turno de preguntas de la prensa, Sánchez ha enfatizado que el suyo es «un Gobierno que apuesta por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia para superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país», ha subrayado el líder socialista.

Además, en otro guiño a los separatistas, ha manifestado que «nadie está libre de culpa» y que «todos hemos cometido errores». Cabe recordar que el PSOE de Pedro Sánchez apoyó estando en la oposición la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras el referéndum ilegal de octubre de 2017.

«Tenemos que aprender y mirar hacia adelante, a un espacio en el que nos podamos reencontrar. Y eso es lo que hará la sociedad catalana en las próximas elecciones» catalanas del 14 de febrero, ha proseguido Sánchez con un discurso ya en tono mitinero.

En este contexto, Sánchez también ha declarado que su Gabinete «no ha ocultado sus intenciones desde el principio», insistiendo en su «clara puesta» por la «reconciliación en Cataluña». En relación a la posibilidad de que el Gobierno desoiga los informes de los fiscales y del Tribunal Supremo a la hora de otorgar el indulto a los cabecillas del 1-O, como deslizó en la víspera su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el presidente ha escurrido el bulto diciendo que se trata de un procedimiento «reglado» y que él sólo se pronunciará cuando la propuesta llegue a la mesa del Consejo de Ministros, un «órgano colegiado», ha apostillado. «Ahí será cuando yo me pronuncie y plantee cuál es la posición que tengo como presidente y del conjunto del Gobierno», ha apuntado.

«Gravedad de los hechos»

Se de la circunstancia de que los cuatro fiscales del procés emitieron la semana pasada un duro informe enviado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en contra de conceder el indulto a los golpistas del 1-O al considerar que los condenados no se lo merecen «por la enorme gravedad de los hechos».

Una postura que difiere de la la línea que viene marcando el Gobierno, el cual ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con el apoyo de ERC y cuatro diputados del PDeCAT. Hace unos días y preguntado al respecto, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, manifestó que el Ejecutivo socialcomunista tiene «la obligación moral de aliviar tensiones».

Interpelada también este lunes durante una entrevista en TVE sobre si el informe de la Fiscalía sitúa al Gobierno más cerca del ‘no’ a los indultos que del ‘sí’, Calvo defendió que es el Ejecutivo central el que tiene la última palabra y menospreció el informe de los cuatro fiscales. «A cada quien le corresponde su parte: al Ministerio fiscal emitir su informe, a la sala también y al Consejo de Ministros tomar la decisión», recalcó.

Respecto a la reforma del delito de sedición, Pedro Sánchez sólo ha declarado que se efectuará en 2021, sin concretar tampoco si tendrá lugar antes de los comicios catalanes del 14 de febrero. De esta forma, el Ejecutivo socialcomunista ha incumplido su intención de aprobar dicha reforma del Código Penal en 202o, como planteó antes de la negociación presupuestaria de los PGE.

Plan incumplido

El pasado 8 de septiembre fue la propia Carmen Calvo quien llevó al Consejo de Ministros el Plan anual normativo para 2020, con las leyes y los reales decretos previstos para el segundo semestre del año. En dicho documento, el Gobierno incluyó in extremis y previa presión del PSC la revisión de los delitos «contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlos tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales».

De igual modo, dirigentes de Podemos, el otro partido que sostiene el Gobierno de coalición, también han presionado en las últimas semanas al ala socialista del Ejecutivo para acometer esta reforma cuando antes, con la intención de que los presos golpistas hagan campaña y den mítines en plena libertad en las elecciones del 14-F.