Sánchez se opuso este verano a la reforma legal urgente que hubiera evitado el estado de alarma

Pedro Sánchez se opuso este verano a la reforma urgente de la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, tal y como le propuso el Partido Popular como alternativa en la legislación ordinaria al uso del estado de alarma para combatir el Covid. «Me indigna», señala a OKDIARIO una alta dirigente del PP conocedora del proceso. «Sánchez no quiso negociarlo con nosotros», remarcan fuentes ‘populares’. De haber negociado la propuesta del PP, ayuntamientos y comunidades autónomas hubieran tenido desde hace semanas -como pedían- una norma unificada, con rango de Ley Orgánica, que les hubiera permitido decretar confinamientos o restringir el libre tránsito, con idénticos criterios para toda España y sin riesgo de anulaciones judiciales posteriores como ha ocurrido durante todo el verano.

La propuesta del PP era el ‘plan B’ al uso del estado de alarma, que es una medida constitucional excepcional. Pedro Sánchez sigue negando que exista ese ‘plan B’ que evite un estado de alarma. Pablo Casado decía este domingo en Twitter que su propuesta era la alternativa «para luchar con eficacia contra el Covid sin otro ruinoso estado de alarma. No hay más ciego -afirmaba- que el que no quiere ver… más que una oportunidad para atacar al PP en vez de proteger la salud».

Después de varios intentos fallidos de negociar con el Gobierno durante mayo, junio y julio, el Grupo Popular en el Congreso presentó el 5 de agosto la «Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales».

«Deliberadamente»

La Mesa del Congreso la calificó, admitiéndola, el 2 de septiembre, nada más volver de las vacaciones. Al ser una Proposición de Ley, el Gobierno debe dar su conformidad para iniciar el trámite parlamentario. Pero a día de hoy, el ejecutivo de Pedro Sánchez no lo ha hecho todavía. El plazo legal acaba este martes 13 de octubre. En el PP creen que el Gobierno ha agotado el plazo «deliberadamente» hasta el último día «para poder intervenir Madrid por puro rencor de Sánchez». «Si el Gobierno hubiera querido, a mediados de septiembre -afirman fuentes del PP- hubiera estado aprobada la nueva Ley y España tendría un instrumento claro y único en la legislación ordinaria para luchar contra el Covid».

La Proposición de Ley Orgánica del PP es, básicamente, una modificación de dos leyes. Por un lado, de la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para actualizarla a los supuestos y problemas concretos que plantea el Covid. Por otro lado, una modificación de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para dar cobertura legal «a medidas que supongan la limitación de derechos y libertades de los ciudadanos para proteger la salud de la población». Además, la reforma establecía un procedimiento de autorización judicial exprés en 24 horas de dichas medidas y un sistema de prórrogas judiciales cada 15 días.

La Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública fue aprobada por Felipe González. En su artículo 1 dice que «al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad». Su artículo 3 habilita a la autoridad sanitaria a adoptar «las medidas oportunas», sin más. Su redacción de 1986 es tan genérica que no cubre legalmente la adopción de medidas que supongan la limitación de derechos fundamentales.

Por eso, en la Proposición de Ley Orgánica del PP se habla, concretamente, de adoptar medidas «para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato». Y señala que «dichas medidas incluirán el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas». También -dice la propuesta del PP- «controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas». Es una cobertura legal completa de las situaciones que estamos viviendo.

Incumplimientos

El presidente Pedro Sánchez dijo el 2 de mayo que no había ‘plan B’ al estado de alarma para combatir el Covid. Buscaba los apoyos parlamentarios para prorrogar el estado de alarma. Pactó con Inés Arrimadas y le prometió no usar más esta medida excepcional. La vicepresidenta Carmen Calvo, incluso, anunció en el Senado, precisamente, la reforma de la Ley de Medidas Especiales que después se ha negado a pactar con el PP. El anuncio de Calvo se lo llevó el viento. Al decretar el estado de alarma en Madrid -donde Ciudadanos gobierna con el PP e Ignacio Aguado es vicepresidente regional-, Sánchez incumple su pacto con Arrimadas.

Además, volviendo a decretar el estado de alarma, Sánchez incumple también varias resoluciones del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, que estos meses han pedido a los países miembros de la Unión Europea que no apliquen medidas excepcionales para luchar contra el Covid. La Unión Europea pide que se use legislación ordinaria para no mermar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.