Mónica García pincha en la UE: 5 países europeos en contra del Real Decreto antitabaco enviado a Bruselas

España se enfrenta a una oleada de críticas desde varios países de la Unión Europea por el proyecto de Real Decreto que pretende regular de forma más estricta productos como los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina o los artículos a base de hierbas calentadas. Cinco Estados miembros —Suecia, Italia, Grecia, Rumanía y la República Checa— han emitido dictámenes razonados en los que acusan a la ministra de Sanidad, Mónica García, de obstaculizar injustificadamente la libre circulación de mercancías dentro del mercado único.

Estas objeciones se han presentado en el marco del sistema TRIS, que obliga a los países de la UE a notificar a la Comisión Europea cualquier propuesta de reglamentación técnica nacional que pueda afectar al comercio intracomunitario. Según estos Estados, la iniciativa española vulnera el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que protege la libre circulación de productos legalmente comercializados en otros países del bloque.

Suecia ha sido una de las voces más contundentes, denunciando que el límite de 0,99 mg de nicotina por bolsa supone «una prohibición de facto» que expulsaría del mercado a los productos actualmente disponibles. El gobierno sueco defiende el uso del snus —una alternativa sin combustión— como una herramienta eficaz para reducir el tabaquismo, y señala que esta medida contraviene no solo los artículos 34 y 35 del TFUE, sino también el principio de proporcionalidad del artículo 36. Critican además que España no haya considerado opciones menos restrictivas, como el etiquetado claro o restricciones por edad.

Los países

Italia se alinea con la postura sueca, advirtiendo que la propuesta española sería «incoherente con los principios del mercado único» y generaría barreras comerciales que afectan directamente a la armonización europea. En su dictamen, Roma sostiene que el proyecto de Real Decreto choca con los objetivos de integración y libre competencia del mercado comunitario.

Grecia, por su parte, denuncia un exceso regulatorio, especialmente en lo relativo al etiquetado y a los niveles de nicotina por bolsa, que —según argumenta— equivaldrían a una prohibición encubierta. El país heleno señala que España no ha justificado suficientemente estas restricciones apelando a razones de salud pública, como exige el artículo 36 del TFUE.

Rumanía también ha mostrado su rechazo, al considerar que no se aportan pruebas claras de que los productos regulados representen un riesgo significativo para la salud. El país critica que no se valoraran medidas menos invasivas, como prohibir la venta a menores —algo que ya se aplica en Rumanía desde 2024—, y cuestiona la eliminación de sabores distintos al del tabaco sin base proporcional. También señala la falta de un período de transición adecuado antes de la entrada en vigor de los nuevos requisitos.

La República Checa subraya que el límite español de nicotina es mucho más bajo que el permitido en otros países europeos, donde los niveles oscilan entre los 12 y 20 mg por bolsa. Defiende que los sobres de nicotina no contienen tabaco ni generan humo, y se destinan como alternativa a los cigarrillos convencionales. Desde Praga consideran que el proyecto español impone obstáculos injustificados a productos legales en otros Estados miembros.

Croacia también ha intervenido en el debate, aunque con un tono más moderado. Si bien no critica directamente la propuesta, sugiere que España debería explorar alternativas menos restrictivas para alcanzar sus objetivos sanitarios.

La UE cuestiona la norma española

Además de las críticas estatales, la propia Comisión Europea ha emitido observaciones técnicas sobre el proyecto de Real Decreto, centradas en varias definiciones incluidas en el texto. En concreto, considera que las categorías de «cigarrillo electrónico desechable» y «producto relacionado» son demasiado amplias y ambiguas, lo que podría generar confusión jurídica sobre el alcance de la normativa.

El Ejecutivo comunitario también ha pedido a España que aclare su definición de «nicotina», para evitar la impresión errónea de que sus derivados quedarían fuera del ámbito de regulación establecido en la Directiva 2014/40/UE.

Por último, la Comisión ha advertido a España sobre su definición de «ingredientes peligrosos para la salud humana», recordando que los Estados miembros no pueden restringir este concepto únicamente a sustancias predefinidas. Además, ha instado a que se garantice que los cigarrillos electrónicos sin nicotina no queden exentos de cumplir con los requisitos de advertencias sanitarias.