Sánchez ofrecerá a ERC un acuerdo tras las elecciones para regalarles la Generalitat y que gobiernen con Podemos

ERC prosigue con sus actos de corte separatista. Carles Puigdemont y Quim Torra radicalizan su ya exaltada estrategia de cara a unas elecciones catalanas a la vuelta del verano. Pero la pieza clave de las próximas elecciones autonómicas estará en otros dos partidos: los mismos que vienen de cosechar malos resultados en País Vasco y Galicia, pero quieren pasar a tener el control en Cataluña pese a su posible retroceso. Se trata de Podemos y el propio PSOE-PSC. Por ello, los socialistas ofrecerán un pacto a ERC nada más pasar los comicios autonómicos para expulsar a Junts Per Catalunya del poder y regalarle la Generalitat en alianza con Podemos. El PSOE se quedaría como apoyo externo de ese Gobierno de extrema izquierda-separatista, sabedor de que esa alianza fuerza a ERC a tener que mantener su respaldo a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Ese es la jugada. El plan que más se ocultará durante la campaña por parte de ERC, pero que entre bambalinas nadie niega ya. Un plan que coincide con la famosa cena de Jaume Roures previa al 1-O y que trazaba una gobernabilidad catalana y nacional en base a esquemas de tripartito: en Cataluña, encabezado por ERC, con el apoyo de Podemos y del PSC; en el Gobierno nacional y el Congreso de los Diputados, encabezado por el PSOE y con apoyos de las otras dos formaciones.

El ejemplo nacional ya está en marcha y, de hecho, con alianza de Gobierno entre el PSOE y Podemos: entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ahora, del plan del multimillonario podemita Roures, sólo falta por cumplirse la parte catalana.

Sólo un inconveniente puede cruzarse en ese camino. Y es el hecho de ver cómo se explica a la opinión pública la “traición” al separatismo más puro, más autóctono, que puede suponer la puñalada por la espalda de ERC a JxCAT, como lo anuncian ya desde la filas de Puigdemont y Torra.

Pero sectores importantes de ERC piensan que el abrazo con Podemos –en el fondo, igualmente defensores de la demolición constitucional y de la ruptura nacional– no será tan difícil de asumir por los votantes. Y, sobre todo, que, puesto que esa alianza, se cerraría en el primer instante del mandato, quedarían cuatro años para enjuagar en las mentes de los votantes la traición.

Todo ello, de todos modos, deberá ser aún discutido por la cúpula, aunque el rechazo a continuar con los hombres de Torra pesa de forma considerable en la formación de extrema izquierda separatista.

Por todo ello, y para ir engrasando la futura alianza, desde el Gobierno, no han dejado de salir indicaciones en favor de las medidas de gracia con los condenados golpistas. Mensajes que han sido ya recabados por la fiscal general Dolores Delgado que, pese a ello, ha encontrado oposición interna en sus fiscales.

Los golpistas, reclamo electoral

Los líderes separatistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, de hecho, pretenden ser uno de los grandes reclamos electorales, en especial, de ERC. Ocho de los nueve reos, con excepción de Jordi Cuixart que nunca se ha significado por ningún partido, pretenden ser los grandes protagonistas en las elecciones anticipadas que Quim Torra tiene previsto convocar en las próximas semanas. Eso sí, si la Justicia no lo evita.
Junts y ERC quieren usar a los condenados en tercer grado de semilibertad, para sus actos de campaña. Y el Gobierno no quiere plantear ningún problema en este sentido.

Hasta ahora, los presos del 1-O sólo habían podido participar en los mítines en forma de grabaciones sonoras. Y el gran vencedor de esta excarcelación podría ser ERC: porque Puigdemont sigue prófugo y fuera de escena nacional, a diferencia del líder de ERC, que ha pasado por prisión y puede ahora ser el gran protagonista in situ de las próximas elecciones catalanas si la Justicia no lo evita de forma definitiva.

De esta forma, aunque por sentencia firme del Tribunal Supremo no pueden ser candidatos elegibles, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Sànchez se pretenden involucrar directamente en la carrera hacía la Presidencia de la Generalitat. De mantenerse su tercer grado, todos ellos sólo tendrían que acudir a dormir a la prisión de domingo a jueves. Durante el día, entre semana, podrían ir a trabajar o a hacer voluntariado político, y el fin de semana lo tienen completamente libre para defender los mismos actos por los que fueron condenados y hacer campaña en favor de la ruptura de España y la violación constitucional.

Según fuentes de ambos partidos, consultadas por OKDIARIO, sería entre los jueves y los domingos, momento en el que no tendrían que pasar por el centro penitenciario, cuando los políticos encarcelados tendrían más agenda política. Todos ellos han respondido afirmativamente a ser activos de y en la campaña electoral de unos comicios que, tal como avanzó este diario, Torra tiene previsto celebrar entre el 1 de octubre y el 4 de octubre.

Ni Junqueras, ni Romeva, ni Bassa, ni Forcadell, ni Turull, ni Rull, ni Forn ni Sánchez han mostrado arrepentimiento alguno por lo que hicieron en octubre del 2017. Eso, a la hora de la concesión de permisos, como el tercer grado que les ha otorgado la Generalitat, puede suponer un problema importante. El Tribunal Supremo tendrá que decidir ahora si les mantiene ese tercer grado o se lo revoca. De momento, la Fiscalía ya se ha opuesto a que puedan gozar del régimen de semilibertad tan solo nueve meses después de ser condenados.

Con la participación en la campaña electoral, además de la falta de arrepentimiento, los presos del 1-O podrían estar incurriendo en una reiteración delictiva si sus mensajes electorales se dirigen a lograr la ‘república catalana’ o la celebración de otro referéndum, como promueven tanto Junts per Catalunya como ERC. Si así lo entienden los tribunales podrían revocar de forma inminente el tercer grado concedido por la Generalitat en las últimas semanas.

El Tribunal Supremo tiene que pronunciarse, previsiblemente en septiembre, sobre si avala o no la concesión del tercer grado o lo rechaza como le pide la Fiscalía. Los políticos fueron condenados hace sólo nueve meses y eso podría dificultar el aval a la medida adoptada por las juntas de tratamiento de las distintas cárceles y ratificado por la Consejería de Justicia de la Generalitat.