Sánchez derrocha «concordia» en Cataluña, líder en delitos de odio ideológico: 860 desde el año del 1-O

Pedro Sánchez cede de nuevo este miércoles a las pretensiones de los separatistas, presidiendo la mesa de negociación con la Generalitat. El presidente socialista ha tratado de justificar su asistencia a este foro -cuyo fin último es acordar las condiciones de un referéndum- por la defensa del «diálogo» y «la necesidad de abrir un tiempo nuevo». En definitiva, la «concordia» a la que tanto apeló en su día para maquillar los indultos a los presos del procés. Una «concordia» que choca directamente con la realidad, y con datos como que Cataluña lidera a todas luces la estadística de delitos de odio por motivos ideológicos. Desde 2017, año en que se celebró el referéndum ilegal, la cifra de estos delitos asciende en concreto a 860.

Un dato que Sánchez desoye, o prefiere ignorar, pese a la utilización política que la pasada semana concedió a los delitos de odio a raíz de la denuncia falsa en Madrid.

Según los informes del Ministerio del Interior, sólo en 2017, en Cataluña se registraron 187 delitos de odio por motivos de ideología. La cifra más elevada de toda España, y muy por encima de otras comunidades autónomas como Madrid (44). Un año después, el dato se disparó hasta los 350 casos. En 2019 fueron 253 y el año pasado, 70.

Unas cifras que reflejan la elevada tensión política en Cataluña, pese a los intentos del presidente por ocultar la realidad.

Mesa pro-referéndum

El Gobierno ha diseñado una mesa eminentemente partidaria del referéndum para negociar con la Generalitat. Además de Sánchez, la delegación estará formada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Félix Bolaños (Presidencia), Isabel Rodríguez (Política Territorial), Miquel Iceta (Cultura), Raquel Sánchez (Transportes) y Manuel Castells (Universidades).

Cuatro de estos seis ministros apoyaron un referéndum sobre la llamada autodeterminación y, de una u otra forma, se aliaron con los objetivos de los independentistas. En 2017, por ejemplo, Yolanda Díaz manifestó claramente que «la demanda del referéndum es la única salida». «Será hoy, en un año, en cinco años, pero habrá referéndum», proclamó durante una intervención en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el ministro de Universidades, Manuel Castells, es un habitual defensor de los objetivos del independentismo. Abierto partidario del «derecho a decidir», ha apostado por un referéndum de independencia, si bien en su día aseguró que votaría en contra. Miquel Iceta afirmó en 2012 que «los refrendos sobre la independencia se tienen que poder hacer». En otra ocasión, señaló además que si el 65% de los catalanes apoyasen la independencia, la democracia tendría que «encontrar un mecanismo para hacerlo posible».

Por su parte, Raquel Sánchez, aunque no ha defendido abiertamente el referéndum, sí se vio envuelta en la polémica a raíz de la abstención de su partido a una moción de ERC en el Ayuntamiento de Gavá, siendo alcaldesa. En la iniciativa, que se votó en 2017, los separatistas reclamaban al Gobierno reconocer el derecho de «autodeterminación» en Cataluña.

Tensión en el Govern

La mesa llega además precedida de la enorme tensión entre los socios del Govern separatista. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decidió este martes excluir a Junts per Catalunya de este foro con el Gobierno después de que la formación de Carles Puigdemont pretendiese incluir a los indultados Jordi Turull y Jordi Sànchez, además de la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, que no forman parte del Govern.