Sánchez denunciará los acuerdos con la Santa Sede para endurecer el trato a colegios y bienes de la Iglesia

Medio agotado ya el filón mediático de la exhumación de Franco, el presidente del Gobierno mira a otras cortinas de humo con las que despistar a la opinión pública para que se olviden del déficit, el paro o el recibo de la luz. El próximo objetivo será la Iglesia Católica: Pedro Sánchez prepara ya la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede para endurecer el trato a los colegios y a los bienes de la Iglesia.

Los documentos de trabajo que salieron del Congreso Federal del PSOE detallan la operación. En esos informes se destaca que “en el marco de todos estos procesos y avances en materia de laicidad, con nuevos objetivos como una ley del siglo XXI de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones, resulta coherente con nuestro Estado constitucional de derecho revisar los acuerdos con la Santa Sede”.

Tras anunciar el objetivo sin matices, el documento pasa a la explicación: “En nuestro país, el hecho religioso está garantizado por la Constitución, también su dimensión subjetiva como libertad de conciencia, y es el momento de actualizar unos acuerdos que son de hace más de 40 años, algunos previos a la Constitución. Esta revisión, que en términos propios de Derecho Internacional se denomina ‘denuncia’, la llevaríamos a cabo en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”.

Teniendo en cuenta que la denuncia la va a interponer el Gobierno, no parece muy claro que la Iglesia tuviese ninguna intención de revisar los acuerdos, “en beneficio de ambos”, como señala el documento.
 El informe del PSOE añade más puntos: “Otra cuestión contestada por amplios sectores sociales es la facultad, obtenida por la Iglesia, por ley promovida por el PP, para obtener la inscripción oficial de bienes a su favor, las inmatriculaciones, pese a no tener consideración posible de poder o autoridad pública o el régimen fiscal del patrimonio inmobiliario eclesiástico no sujeto a culto”.

El objetivo final de este punto es revisar las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia y poner en duda su propiedad sobre infinidad de inmuebles.

Además, el PSOE señala que “respecto a otras necesidades y demandas sociales que están apareciendo en estos tiempos, propias de un sistema democrático avanzado -laico por su propia naturaleza- en el marco de una sociedad más compleja, globalizada y pluralista en sus expresiones religiosas, filosóficas y morales, es preciso tener en cuenta que son necesarias instituciones constitucionales y valores compartidos y pactados sobre los que articular la convivencia y la cohesión social y cultural, es decir el desarrollo efectivo del principio democrático de laicidad garante del igual respeto a las convicciones de cada cual”.

Y, por eso, pretenden los socialistas promover la existencia de un Estatuto de Laicidad que “desarrolle la aplicación ésta en el ámbito de los servicios públicos, escolares y de otra especie”. En el ámbito escolar es donde, de hecho, la Iglesia mantiene una fuerte presencia con sus colegios, especialmente, los concertados. Y Sánchez quiere revisar esa situación.
Todo un nuevo plan para excluir la religión católica de nuevos ámbitos.