La Patronal del Ocio Nocturno alertó a la Generalitat de que habría 500 fiestas como la ‘rave’ de Llinars

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Boadas ha explicado que la patronal quiere personarse en los tribunales para acusar a macrifiestlos dos organizadores detenidos por los Mossos d’Esquadra tras 40 horas de fiesta ‘rave’ ilegal en una nave industrial, ya que se habían prohibido este tipo de eventos por las medidas para prevenir los contagios de Covid-19.

«Nos parece totalmente inadmisible que mientras todos los locales legales se encuentran cerrados, algunas personas aprovechen esta oportunidad y lo que hacen es organizar fiestas ilegales que redundan en un incremento de contagios y de los datos epidemiológicos y esto, al final, lo que hace es retrasar la reapertura del sector legal», ha señalado.

El portavoz de Fecasarm ha pedido que se legisle para tipificar como delito «estas prácticas de propagación de enfermedades o epidemias», aunque ha defendido que a los organizadores de la ‘rave’ en una fábrica abandonada ahora mismo se les puede imputar por «desobediencia grave a la autoridad», lo que implica un año de cárcel y una sanción administrativa de hasta 600.000 euros.

«Pero no van a cumplir ni un año de cárcel y el pago de la multa tampoco se va a hacer porque presentarán algún tipo de contrato y no se podrá embargar nada ni pagarán nada», ha explicado, ya que pronostica que se llegará a un acuerdo de conformidad al ser ciudadanos extranjeros y previsiblemente no tener antecedentes penales.

Por ello, confirma que estas acciones van a seguir proliferando y critica al Gobierno catalán de no haber intervenido en las 2.000 fiestas que se celebraron durante la Nochevieja. «Nosotros le mandamos un email con una listas de fiestas que se estaban organizando, lo más sorprendente es que solo localizasen cuatro», ha sostenido.

El portavoz de la patronal del Ocio Nocturno ha censurado la «falta de respeto» por parte de la Generalitat hacia un sector que, debido a la crisis sanitaria, está en una «situación dramática porque están a punto de desaparecer el 80% de los locales legales de España» en un contexto en el que no hay ayudas directas y proliferan «fiestas en situaciones totalmente inadecuadas».

Acusación particular

Por otra parte, La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) y la patronal estatal del ocio nocturno Spain Nightlife han informado de que quieren ejercer la acusación popular en el caso de la ‘rave’ de Llinars del Vallès (Barcelona), que lleva un juzgado de Granollers (Barcelona).

Ambas patronales aspiran a que los eventuales imputados, hay dos detenidos por desobediencia grave y cinco investigados, reciban el castigo más elevado previsto en la ley, aunque lo consideran menor «teniendo en cuenta la gravedad de los hechos», sostienen este domingo en un comunicado.

Han lamentado que el Código Penal no prevea como delito contra la salud pública la propagación de enfermedades y epidemias, por lo que Spain Nightlife se ha comprometido a solicitar al Gobierno que impulse una reforma; en paralelo, la Conselleria de Interior ha preguntado a la Fiscalía si es posible investigar a los participantes en la ‘rave’ por ese delito.

Las patronales han acusado a la Generalitat de negociar con los organizadores de la fiesta mientras que «con el sector legal no se negoció el cierre», sino que los profesionales se enteraron directamente a través del Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), según han destacado.