Iglesias se hace de Vox: pide intervenir las autonomías para garantizar la misma sanidad en toda España

Pablo Iglesias no ha dejado de acusar a VOX de buscar una voladura de la Constitución por pedir que el Estado recupere competencias como la Sanidad y acabe por eliminar las comunidades autónomas. Y resulta que una de las últimas proposiciones de ley trasladada por los podemitas en el Congreso y calificada el pasado 8 de marzo exige al Estado, literalmente, usar el poder constitucional para garantizar «el acceso a una atención sanitaria pública de calidad y en condiciones de igualdad, independientemente del lugar de su residencia».

El fragmento, recogido en su propuesta de regulación de «derechos en el ámbito de la salud mental» concreta más y señala sin tapujos que el «artículo 149.1.1.º [de la Constitución] faculta al Estado -esto es, a un nivel administrativo superior al autonómico y foral- a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos».

Básicamente: usar el poder constitucional para intervenir los sistemas sanitarios regionales y lograr que la Sanidad sea la misma en todas las comunidades autónomas. 

La proposición fue presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Ha pasado más desapercibida por lo especializado de su materia. Pero lleva dentro del texto toda una bomba de relojería en materia autonómica: un proyecto tal cual de recentralización de competencias y control de las comunidades autónomas en materia de desarrollo de derechos.

Podemos lo cita de forma expresa para el sistema sanitario, una de las dos principales competencias regionales. Pero su explicación es totalmente aplicable a la otra gran competencia -la Educación- o a cualquier otra facultad territorial que afecte a derechos de la población.

El texto depositado ya en el Congreso por la formación de Iglesias señala claramente que «abordando la cuestión competencial, haremos referencia al artículo 149.1.1.º que faculta al Estado -esto es, a un nivel administrativo superior al autonómico y foral- a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».

Los podemitas siguen imitando a VOX y aclaran que “más concretamente, el artículo 149.1.16.º faculta al Estado de forma exclusiva para el establecimiento de las bases y la coordinación general de la sanidad. Esto ha sido tratado por el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: «Los criterios generales de regulación de un sector de ordenamiento jurídico deben ser comunes a todo el Estado».

Es decir, que Pablo Iglesias reclama en estos momentos una intervención regional en toda regla para asegurar que las bases de la regulación sean comunes en todo el «Estado». Traducido: una recentralización de las competencias, porque, como señala expresamente Podemos, «el Estado es un nivel administrativo superior al autonómico», e incluso, añaden ellos negro sobre blanco, al «foral».

También Navarra y País Vasco

O lo que es lo mismo, que ni siquiera Navarra y País Vasco se librarían del nuevo deseo recentralizador de los morados.

Los de Podemos no escatiman detalles en la explicación de su propuesta y aclaran que «en 1986 se promulga la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad para, entre otras cuestiones, dar respuesta a los artículos 43 y 49 de la Constitución y que contempla la reforma sanitaria con la creación del Sistema Nacional de Salud».

Por ello, «los servicios sanitarios se concentran así bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo los poderes de dirección en lo básico y la coordinación del Estado». Por lo que, según su versión, no existe el menor problema en ejercer esa dirección estatal para «la protección de la salud con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud».

Porque, como ahora señala Podemos en pleno paralelismo al partido de Santiago Abascal: «Se reconoce, pues, el acceso a una atención sanitaria pública de calidad y en condiciones de igualdad, independientemente del lugar de su residencia».