Un nuevo informe policial permitirá juzgar a Ternera por los atentados contra las casas cuartel

Dos años ha empleado la unidad especializada contra el terrorismo de la Guardia Civil en acreditar uno a uno los atentados diseñados por el dirigente etarra Josu Ternera contra las casas cuartel. Un nuevo y detalladísimo informe -que fuentes próximas a la Fiscalía General del Estado confirman a OKDIARIO que ya obra en su poder- permitirá acusar formalmente a Ternera y que sea juzgado también por estas causas tras su reciente detención.

En el documento policial, aseguran esas mismas fuentes, no sólo queda ‘atada’ la autoría intelectual de Ternera en la muerte de un total de 22 personas, 12 de ellas menores, sino evidenciado que con dichas acciones armadas buscaba hacer el mayor daño posible. El dirigente etarra añadió a sus masacres un componente de crueldad adicional innecesaria contra víctimas especialmente vulnerables, como los niños.

Cuestión que ya apuntaba el Tribunal Constitucional en la sentencia del 20 de junio de 2016, contra los autores materiales de uno de los atentados presuntamente ordenados por Ternera, el de Santa Pola, «por razones basadas en motivos discriminatorios, y tal y cómo reivindicaba la organización en sus propios comunicados o publicaciones internas: como una línea estratégica o campaña primordial, con la finalidad de castigarlas, y para vejar y atentar contra su integridad moral».

En 2017, la asociación Voces contra el Terrorismo (VcT) interponía una denuncia ante el Ministerio Público en la que instaba a perseguir al etarra como responsable de la estrategia diseñada para atacar las residencias de los guardias civiles y sus familias. De ésta se desprende la investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en estrecha colaboración con sus homólogos franceses, ha concluido con el nuevo y contundente informe. El mismo que permitirá a la VcT, como acusación popular, y a la Fiscalía, como acusación pública, impulsar la apertura de una nueva causa judicial contra Ternera en la Audiencia Nacional.

Consideraba entonces la plataforma de víctimas que Ternera, huido de España desde 2003, era el dirigente de ETA encargado de fijar las directrices de la banda en los atentados de las casas cuartel: «Los máximos dirigentes de una organización terrorista jerarquizada como ETA» que hubieran «ordenado, dirigido o marcado una línea estratégica o campaña, consistente en el asesinato y persecución de familias atacándolas en sus domicilios, tendrían que responder ante la justicia».

ETA buscó «indiscriminada y fríamente los mayores daños y víctimas posibles, donde vivían familias con niños, a una hora y en un momento de mayor presencia de aquellas en sus casas»

Bajo su mando, se habrían perpetrado los atentados contra las casas cuartel de Águeda, Burgos, Calahorra, Durango, Intxaurrondo, Irún, Legutiano, Luna, Oñate, Santa Pola y Urdax. “Todos y cada uno de los atentados cometidos contra las casas cuartel, cerca de 200, no se han realizado de forma casual y aleatoria por decisión exclusiva de los distintos comandos o de su jefe inmediato, sino que formaban parte de una estrategia, de una campaña esencial del entramado, ordenada y controlada desde la dirección”, que en aquellas fechas recaía sobre José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, reza la denuncia.

La labor de investigación policial, que culmina con la detención de Ternera en Francia, permitirá a la Justicia española formalizar una nueva acusación contra él. Desde VcT recuerdan que si bien ha habido algunas condenas contra autores materiales de las masacres, no se ha producido, ninguna, hasta la fecha, contra los jefes que lo ordenaron. Algo que podría cambiar, sustancialmente, a raíz de la nueva situación que ha provocado la detención del dirigente etarra.

«De los indicios incriminatorios que se presentan sobre la participación de Josu Ternera, se desprende que siendo parlamentario pudo dar órdenes o ha podido tomar parte activa en los hechos denunciados, pudiendo haber señalado a las víctimas (sus domicilios, viviendas oficiales de naturaleza civil, a fin de ser derribados o atacados), y pudiendo haber participado en el diseño de la estrategia y acciones concretas denunciadas, dirigiéndolas, instigándolas o mostrando su aquiescencia», recuerdan las víctimas.

Vinculado a la negociación

Tras la detención del sanguinario dirigente etarra, desde Voces contra el Terrorismo impulsarán la apertura de cuantas acciones judiciales sea posible para que Ternera sea condenado como miembro de la cúpula de ETA. Una banda terrorista que en la campaña contra las casas cuartel puso en evidencia «su especial perversión la de su brazo político», señalan. Y apuntan a la utilización de las muertes causadas como mecanismo de presión «para negociar». «Reclamaremos las actas sin descanso», confirman a OKDIARIO.

Se refieren al documento resultante de las conversaciones mantenidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los dirigentes etarras y de Herri Batasuna -entre los que se encontraría el propio Ternera como interlocutor y firmante último de las mismas- y supervisadas por los ‘observadores internacionales’ designados por el Centro Henry Dunant (HDCentre) de Ginebra (Suiza), del que el socialista Javier Solana es presidente honorífico.

Las víctimas recuerdan que «es obligación del Gobierno tener las actas» porque «la negociación fue en nombre del Estado y es su deber guardarlas y reclamarlas a quien también las guarda» en alusión al Centro Henry Dunant (HDCentre). Este centro «dice haber mediado como árbitro en la resolución del conflicto y que, por lo tanto, custodia los documentos de los acuerdos», añaden.

En su último intento, el pasado verano, fueron ninguneadas por el actual Ejecutivo en funciones que contestó con un escueto «tomamos nota» a la petición.