La nueva consellera de Educación que controlará el adoctrinamiento participó en el asedio a Economía

La consellera de Educación catalana que controlará el adoctrinamiento escolar participó en el asedio a Economía del 20 de septiembre. Su nombre es Mónica Palacín. Y no sólo participo en el asedio violento al Departamento de Economía del 20 de septiembre, sino que, además, se sintió tan orgullosa de ello que inmortalizó su presencia sacándose fotos con los asistentes -como prueba la fotografía que hoy muestra OKDIARIO.

Se trata del asedio clave que ha hecho saltar el golpe separatista -entre otros ataques- la categoría delictiva de rebelión. Y es que aquel 20 de septiembre el juez Ramírez Sunyer había encargado un registro decisivo de las oficinas del Departamento de Economía y todo acabó en un gran tumulto con ataque a los coches de la Guardia Civil y la propia secretaria judicial teniendo que salir escapando de las instalaciones ante las acciones de los violentos.

Allí se encontraban Joan Tardá, Roger Torrent, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart entre otros. Y se encontraba igualmente la nueva responsable de controlar los colegios en caso de confirmarse la investidura de Quim Torra como presidente catalán.

Ella será la nueva consejera de Educación: la que analizará si se adoctrina o no; si se acosa a los hijos de los guardias civiles; y si las clases respetan la libertad educativa recogida en la Constitución para todos los padres de España. Ella: la misma que participó en un asedio que acabo con los coches de la Guardia Civil reventados y ñas armas de su interior robadas y dando vueltas entre los atacantes.

Palacín es una verdadera activista de ERC. Y, de hecho, como tal fue imputada por expulsar a los policías y guardias civiles de poblaciones catalanas. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Arenys de Mar (Maresme) admitió a trámite hace escasos meses una querella de la Fiscalía de Delitos de Odio contra tres tenientes de alcalde (PSC y una concejala de la oposición (ERC) por delitos de coacciones y falsedad en documento oficial por haber supuestamente forzado a los propietarios de dos hoteles a echar fuera de sus establecimientos a policías españoles que participaron en el operativo contra el 1-O. Los querellados eran la primera teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Carmen Aragonés; el segundo teniente de alcalde y concejal responsable de urbanismo, Jordi Masnou; la tercera teniente de alcalde y concejala de comunicación y presidencia, Silvia Biosca; la concejala de ERC Mónica Palacín, y el jefe de la policía local, CSM. El ministerio público expuso su convencimiento de que amenazaron a los dueños de los hoteles con cerrar los establecimientos durante cinco años si no echaban los agentes, lo que ocurrió el 3 de octubre.

Según el fiscal Miguel Ángel Aguilar, los 500 policías que estaban alojados en el Checkin Pineda y el Checkin Montpalau tenían un contrato de estancia en los establecimientos hasta el 5 de octubre. El 2 de octubre tuvo lugar una movilización ante los hoteles para insultar y cargar contra los agentes nacionales por la actuación policial del 1-O. Y a las 21 horas, la primera y el segundo tenientes de alcalde, la concejala de ERC y el jefe de la policía local acudieron al hotel Montpalau para presionar al hotel y lograr que expulsarán a los agentes.