Moncloa instruye a los delegados del Gobierno para evitar las manifestaciones contra su gestión

Moncloa no quiere manifestaciones que critiquen su gestión del coronavirus. Por eso ha instruido a los delegados del Gobierno, en las diferentes comunidades autónomas, para que impidan la celebración de las marchas convocadas durante el estado actual. Excepto Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias en materia de seguridad ciudadana, en el resto de autonomías son las delegaciones del Gobierno las encargadas de autorizar o no las convocatorias.

El Ejecutivo ha pedido a todos los delegados del Gobierno que denieguen los permisos de manifestación que se les pida, alegando imposibilidad de mantener la distancia social. Con la excusa de hacer prevalecer el derecho a al vida al de manifestación, Moncloa busca silenciar así la opinión contraria a la labor de su Gobierno coartando el derecho fundamental a protestar. Con el estado de alarma en vigor, Interior puede escudarse en el real decreto de esta situación excepcional para prohibir las marchas o sancionar a quienes incumplan y acudan a ellas.

De momento, la única manifestación que sigue en pie para protestar contra la gestión negligente del Gobierno socialcomunista está prevista para el próximo día 7 en Barcelona. En este caso fue la consejería del Interior, dirigida por Miquel Buch, quien denegó el permiso a los organizadores. Ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolver si se puede celebrar o no.

Este sábado un grupo de personas había solicitado  permiso a la Delegación del Gobierno en Madrid, liderada por el socialista José Manuel Franco, para manifestarse en coche contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El permiso les fue denegado con apercibimiento de pena de cárcel si finalmente celebraban la marcha. En coche, por el Paseo de la Castellana, el riesgo de expansión del virus era prácticamente nulo. Así pues, como sí han autorizado otros países de Europa, la manifestación se hubiese podido desarrollar sin ninguna amenaza para la salud pública.