Moncloa apunta a Vox: Seguridad Nacional controla a «radicales de extrema derecha» por delitos de odio

El Gobierno vuelve a apuntar a Vox después de que varios de sus ministros, encabezados por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan hablado de que los mensajes del partido de Santiago Abascal incurren en odio.

En plena pandemia, el general José Manuel Santiago, en condición de Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil aseguró que trabajaban para «minimizar» las críticas al Gobierno. La crítica se disparó ante lo que sonó a todo un caso de censura. Ahora, el informe anual de Seguridad Nacional da una nueva versión del control de la información. Una versión que reconoce que este departamento de Moncloa trabaja en el control de “grupos de diferente componente ideológico (antisistemas, radicales de extrema izquierda o de extrema derecha, incluidos los grupos violentos de carácter independentista)” para zanjar “sus actividades de propaganda dirigidas a ganar adeptos, valiéndose, más que nunca, del espacio digital, del discurso de odio y la desinformación favorecida por la inmediatez de las comunicaciones”.

El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que «la situación de pandemia y las medidas restrictivas aplicadas para combatirla provocaron inicialmente un descenso de la actividad en las calles del extremismo violento protagonizado por grupos de diferente componente ideológico (antisistemas, radicales de extrema izquierda o de extrema derecha, incluidos los grupos violentos de carácter independentista). Pero que esa tendencia se ha visto “acompañada de un incremento significativo de su actividad en línea».

Orden de controlar

Por eso, Seguridad Nacional tiene la orden de controlar los mensajes que parten de aquellos colectivos a los que califican de esa manera: como «radicales de extrema izquierda o de extrema derecha, incluidos los grupos violentos de carácter independentista».

El informe añade que todos esos grupos “continúan con sus actividades de propaganda dirigidas a ganar adeptos, valiéndose, más que nunca, del espacio digital, del discurso de odio y la desinformación favorecida por la inmediatez de las comunicaciones”.

Según el documento, “esos distintos actores intentan aprovechar en su propio beneficio todos los efectos derivados de la pandemia (políticos, económicos, laborales, sociales) para alterar la pacífica convivencia entre los ciudadanos y quebrar la confianza en las instituciones democráticas del Estado”. Y esos “radicales” están en el punto de mira de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia de Gobierno.

Desde la vicepresidenta Carmen Calvo, hasta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasando por apoyos decisivos del PSOE como Adriana Lastra no han dejado de afirmar que Vox desinforma e incurre en mensajes que pueden incitar al odio.

Los mensajes filtrados por el Gobierno, de hecho, nunca han rechazado su deseo final de que Vox pudiese llegar a ser combatido por, precisamente, incitar al odio. Ahora Seguridad Nacional admite que mantiene el citado control de estos mensajes en “radicales de extrema izquierda y derecha”. Pero lo cierto es que el Gobierno nunca ha mostrado ningún ánimo inhabilitador con los radicales de izquierdas. Y sí con lo que considera radicales de derechas.

Volviendo al informe, el documento detalla más y señala que “en materia de prevención y erradicación de los delitos de odio cabe destacar la actualización del Protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que pretende neutralizar las fuentes de financiación empleadas por los grupos terroristas”.

Subraya el alcance internacional de esta estrategia: “En el marco europeo de la lucha contra la radicalización, la Comisión Europea adjudicó el día 30 de noviembre de 2020 el proyecto de “Apoyo Técnico para Prevenir y Combatir la Radicalización – Políticas de Investigación, Apoyo e Intercambios sobre la Radicalización” cuyo objetivo es apoyar principalmente a los estados miembros y a los responsables políticos de terceros países prioritarios para extender conocimientos y fortalecer las capacidades de prevención y lucha contra la radicalización, incluido el ámbito de las comunicaciones estratégicas”.

«Campañas de desinformación»

El informe de Seguridad Nacional destaca que “a lo largo de 2020 las campañas de desinformación y propaganda en el exterior por parte de algunos estados, particularmente en lengua española, se han incrementado. A través de diferentes medios de creación, difusión y viralización de contenidos, se han ejecutado estrategias de desinformación agresivas para tratar de desestabilizar países pertenecientes a la UE o la OTAN, mediante el desprestigio de sus estados miembros y de las propias organizaciones internacionales, la deslegitimación y el descrédito de las instituciones y del sistema democrático y la polarización social”.

Es más, afirma que “las estrategias de desinformación se han focalizado en campañas en las que se han utilizado con frecuencia narrativas relacionadas con la pandemia de la Covid-19. Precisamente, la crisis sanitaria ha puesto de relieve varios elementos que caracterizan las estrategias de desinformación, entre los que cabe destacar: la colaboración de los principales actores de desinformación ante objetivos compartidos, la adaptabilidad y flexibilidad en función de las circunstancias, la prevalencia de criterios de oportunidad y las narrativas propias de la propaganda política y de desprestigio del adversario”.

«Pugna geopolítica»

Por ello, Seguridad Nacional justicia su “lucha contra las campañas de desinformación: el uso generalizado de la tecnología ha provocado que, en la pugna geopolítica entre diversos actores estatales, se considere al ciberespacio como un dominio operacional en el que desplegar acciones hostiles. El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el Procedimiento de actuación contra la desinformación. Este nuevo documento revisa el procedimiento que estaba en vigor, de 15 de marzo de 2019, y actualiza su contenido acorde con las nuevas recomendaciones establecidas por la normativa de la Unión Europea en la materia, incluyendo las lecciones aprendidas derivadas de la pandemia de la Covid-19, y la actualización de los mecanismos de coordinación”.

«El texto articula un proceso nacional»

Así, el nuevo texto establece “los instrumentos necesarios a nivel nacional para participar en los mecanismos que la Unión Europea ha puesto a disposición de los estados miembros para reforzar las capacidades de respuesta coordinada a las campañas de desinformación e influencia. Concretamente, el texto articula un proceso nacional, reflejo de los procedimientos establecidos en la Unión Europea, para coordinar y contribuir a la acción conjunta en el Sistema de Alerta Rápida (más conocido por sus siglas RAS correspondientes a la denominación en inglés de Rapid Alert System) y en la Red Europea de Procesos Electorales. Además, el nuevo Procedimiento de actuación contra la desinformación incorpora la colaboración del sector privado y sociedad civil a través de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación”.

Hay que recordar, como publicó OKDIARIO, que el Centro Criptológico Nacional (CCN) -coordinado por el CNI- trabaja ya en su lucha contra lo que califica como «desinformación». Este organismo ha identificado prácticas relacionadas con mensajes «antiglobalistas». Y también vinculadas con fuentes «dañinas» que inyectan mensajes «chavistas» y propios de «izquierda antisistema en España y Europa» y de «izquierda antisistema LATAM», parámetros que encajan en infinidad de mensajes replicados en las redes por seguidores de Podemos.

El CCN finalizó un detallado informe que figura elaborado con fecha del pasado 30 de septiembre donde detalla estas prácticas. Lo desarrolló el ‘Observatorio Digital Elisa. Laboratorio para el Análisis de la Desinformación (Antiglobalismo)’.

Con ese nombre describe distintos comportamientos bajo supervisión actual. En uno de sus apartados se alude al “registro de fuentes dañinas”. Y destaca que, en ese punto, la labor consiste en “identificación de plataformas y fuentes de desinformación”. Y entre esas fuentes destaca los distintos movimientos antisistema en España, Europa, LATAM e, incluso “USA”.

Uno de los apartados incorpora, además, el epígrafe siguiente: “Webs chavistas/Venezuela”. El “independentismo/nacionalismo catalán” y el “vasco” figuran igualmente en esas fuentes a controlar. Al igual que los planteamientos “anti Euro” y “anti tratados libre comercio/liberalismo/globalismo”.

El Observatorio Digital Elisa no carga sólo contra esas «fuentes dañinas». También incluye en ese grupo a la «derecha antisistema Europa y LATAM». E Igualmente a las dos vertientes -derecha e izquierda antisistema- en España. El CCN-CNI ha puesto igualmente bajo su lupa las tesis que critican el avance de unas «élites globales» que se superponen a los países por ser una de las «narrativas maliciosas más frecuentes».