Moix deja el cargo tras sólo 87 días y acosado por sus subordinados

Manuel Moix ha presentado este jueves su renuncia «irrevocable por motivos personales» tras transcurrir apenas 87 días al frente de departamento que comanda la actividad de la Fiscalía contra las corrupción y los delitos económicos. Pese a la polémica que ha rodeado al último fiscal Anticorrupción desde el mismo momento de su designación, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha declarado que se ha visto forzado a cesarle en sus funciones aunque sigue considerando a Moix el mejor para el puesto.

La salida de Moix se ha visto precipitada tras conocerse, mediante una exclusiva del diario digital Infolibre, que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25% de una empresa ‘offshore’ en Panamá, Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 y dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Esta información ha venido precedida de una polémica gestión del departamento y de varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, como son los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’.

Moix, nacido en 1958 y de tendencia conservadora ha defendido desde que se conoció la sociedad en Panamá que él está al día con Hacienda y que ya declaró en su momento la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros en el citado municipio madrileño que heredó de sus padres. No obstante, estas explicaciones no han bastado y el jurista, que ingresó hace 31 años en la Carrera Fiscal, ha abandonado finalmente el último de sus destinos.

Moix había sido además reprobado por el Congreso de los Diputados el pasado día 16 junto con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que fue quien le designó y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Unos días antes, una mayoría de 9 miembros en el Consejo Fiscal avaló su gestión frente a la petición de los vocales pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quienes plantearon a Maza la «conveniencia» de apartarle ante su «apariencia de parcialidad» y al entender que el trato dado a algunos de los representantes del Ministerio Público en la ‘Operación Lezo’ reflejan un concepto de jefatura que ellos rechazaban.

Este mismo miércoles la situación varió notablemente después de que tanto el ministro de Justicia como otros miembros del Gobierno se distanciaran en sus manifestaciones del apoyo que habían prestado anteriormente a su gestión. La propia Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y que hasta ahora le había defendido dejo caer ayer a Moix a última hora de la tarde y, pese a defender su inocencia en el asunto de Panamá solicitó sin ambages su renuncia para preservar la imagen del Ministerio Público.

Gestión polémica

Lo cierto es que su gestión al frente del departamento estrella de la Fiscalía ha sido polémica desde el principio y se vio agravada tras filtrarse una conversación telefónica intervenida en el marco de la ‘Operación Lezo’ cinco meses antes del nombramiento en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González —hoy en prisión— expresaba su preferencia por Moix al ex ministro Eduardo Zaplana, describiéndolo como «serio y bueno». Después se supo que la teniente fiscal Anticorrupción Belén Suárez y también la Unión Progresista de Fiscales (UPF) habían advertido a Maza del contenido de esa conversación.

Esta revelación coincidió en el tiempo con las discrepancias surgidas entre Moix y algunos de sus subordinados, como la que originó la tramitación de un expediente gubernativo de solicitud de amparo de los fiscales del ‘tres por ciento’, José Grinda y Fernando Bermejo.

Ambos se opusieron además a la decisión de Moix de relevarlos en favor de dos de sus compañeros con plaza en Cataluña. Este relevo fue paralizado por el propio Maza antes del Consejo Fiscal, y aún no se ha resuelto.

La propuesta de Moix era sustituir a Grinda y Bermejo por otros dos fiscales del departamento Anticorrupción que tienen sus despachos en Barcelona, Fernando Maldonado —que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV— y Teresa Duerto, con el fin de que los fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la Fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid».

Las discrepancias entre los dos fiscales sustituidos y su jefe se encontrarían en el papel que la acusación pública tiene que atribuir en este asunto al ex consejero de Justicia y ex secretario de Govern, Germà Gordó, que según la postura de estos fiscales fue «el conseguidor o el recaudador» de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

El incendio que provocó el ‘caso Lezo’

Otra de las polémicas se originó tras trascender que uno de los fiscales de la ‘Operación Lezo’, Carlos Yáñez, podría haber sido instado por Moix a renunciar en la causa en la que, junto a su compañera en Anticorrupción Carmen García Cerdá, investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 los delitos de corrupción derivados de la denominada ‘Operación Lezo’.

En este caso trascendió públicamente la existencia del enfrentamiento entre Yáñez y su superior Manuel Moix en relación con la práctica de determinados registros en la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) —filial del Canal de Isabel II— . Yáñez, que no tiene plaza fija en Anticorrupción y ejerce en comisión de servicios, amenazó con apartarse del procedimiento.

Sin embargo, su criterio se vio respaldado de forma mayoritaria por el resto de sus compañeros una junta —forzada tras invocar Yáñez y su compañera el artículo 27 de Estatuto Fiscal— y por esta razón dejó de estar en en sus planes abandonar el caso siempre que no fuera relevado por sus superiores. Lo ocurrido obligó a la Fiscalía Anticorrupción a emitir un comunicado oficial en el que aclaraba que su renovación se produjo «a petición del Fiscal Jefe» Anticorrupción, Manuel Moix, y había sido aprobada por la Fiscalía General del Estado».

El comunicado se difundió después de la aparición de informaciones en varios medios de comunicación que apuntaban al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción aclaró que no había cesado a Carlos Yáñez, fiscal encargado de la llamada operación Lezo, ni tampoco le había apartado de esta investigación.

Su paso por la jefatura de Madrid

Moix fue el fiscal superior de Madrid cuando este departamento presentó la querella por la que se inició la causa por el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Poco después fue destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Por otro lado, la Fiscalía de Madrid, durante la etapa de Moix como jefe, tuvo un papel relevante en la causa contra la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que se vio inmersa en un proceso judicial por un incidente de tráfico que tuvo con unos agentes de movilidad, en el que presuntamente se dio a la fuga mientras estaba siendo multada por aparcar ene un carril bus. El Ministerio Público mantuvo en todo momento que este hecho se trataba de una falta y no de un delito.

Además, Moix fue el fiscal que llevo a juicio y consiguió la condena de 17 años de inhabilitación del juez Elpidio José Silva por enviar a prisión en dos ocasiones al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, dentro de la investigación por la compra que realizó la entidad financiera cuando estaba al mando de éste del City National Bank of Florida en 2008.