Las mentiras de Narbona en Comisión de Investigación están penadas con hasta 1 año de cárcel

La ex ministra socialista de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tenía la obligación de decir la verdad en la Comisión de Investigación por la financiación ilegal del PSOE. Pero no lo hizo cuando le preguntaron por los contratos cerrados en Acuamed. Y mentir en este tipo de trámites implica penas, incluso, de prisión.

Las comparecientes en una comisión de investigación parlamentaria están obligados a distintos deberes. El primero, hacer acto de presencia cuando son citados por la Comisión. Y el segundo, deben decir la verdad. De lo contrario, se enfrentan a un abanico que abarca desde multas hasta, en el peor de los casos, penas de prisión.

El Código Penal es muy claro al respecto y señala en su artículo 502.3 lo siguiente: «El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a 12 meses».

Este precepto ha sido recordado a los que han acudido por parte del PP a las últimas comisiones de investigación parlamentarias. Pero, evidentemente, también a los del PSOE. Y una de las personas que compareció este pasado mes de junio por parte de los socialistas fue Cristina Narbona.

Narbona era en el año 2007 ministra de Medio Ambiente. Y como tal, era la responsable de la empresa pública de las desoladoras: Acuamed.

La ex ministra aseguró en sede parlamentaria el pasado 27 de junio de 2018 que “me confirmaron que efectivamente había habido una auditoría favorable tanto de la Intervención General del Estado como de la Abogacía del Estado”.

Sin embargo, tal y como ha publicado OKDIARIO, el informe del Interventor sobre los contratos realizados por Acuamed entre 2006 y 2008 subraya que el 95% de esos contratos no estaban justificados por el objeto y actividad de la empresa pública. Y es que Acuamed se dedicaba a la construcción y gestión de desaladoras, y 11,2 millones de euros en contratos se destinaron a campañas de publicidad que, casualmente, lanzaban consignas que coincidían o se acercaban mucho al programa del PSOE en materia de agua.