Ministerio de Igualdad

Los médicos niegan la «violencia contra la mujer» de la que les acusa Montero: «Es ofensivo»

Irene Montero
La ministra de Igualdad, Irene Montero. (Foto: EP)
Luz Sela

El sector médico ha expresado su malestar por la supuesta «violencia obstétrica» de la que se les acusa desde el Ministerio de Igualdad. La ministra Irene Montero intentó incluir ese concepto en la reciente Ley del Aborto e insiste en agitar ese ataque contra el colectivo. Recientemente, como ha publicado OKDIARIO, Igualdad ha financiado y promocionado una revista en la que se acusa a los sanitarios de «violentar» cada día a las mujeres al dar a luz.

Estas «prácticas constitutivas de violencia física, verbal y/o psicológica» son «ejecutadas por el personal sanitario en la atención al embarazo, el parto y el posparto», se sostiene en esta publicación. Entre esas prácticas se cita, por ejemplo, «que no se informe a la parturienta de los procedimientos que se le realizan, que no se le permita estar con un acompañante en las visitas de seguimiento del embarazo o en el parto, que se le falte al respeto y no se tenga en cuenta su opinión, que a la hora de parir le sean realizados tactos vaginales sin su permiso y por distintas personas, que le suministren fármacos y anestesia sin informarla, que haya estudiantes en el parto sin su consentimiento, que se le haga una cesárea innecesaria o que la separen del recién nacido sin motivo». Incluso se acusa a los médicos de «responsabilizar a la madre de ser la detonante» de una situación de «violencia obstétrica» diciéndole que «no empuja, no colabora, se queja demasiado».

«No se trata de malas prácticas aisladas. Es fruto de un sistema patriarcal que menosprecia y vulnera los derechos de todas las mujeres y de un sistema productivista que supedita la vida, y en este caso el parto, al mercado. La obstetricia no escapa al machismo de la sociedad», se denuncia en el texto, difundido en los canales oficiales del Instituto de las Mujeres.

«Criminaliza»

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) critican que se les acuse de esa supuesta «violencia obstétrica», un concepto, afirman, que «no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país y criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica». 

Los profesionales garantizan la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes y recuerdan el compromiso de los especialistas en Ginecología y Obstetricia de velar, en todo momento, «por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia».

«Además, cualquier uso del término violencia es particularmente ofensivo: los procedimientos obstétricos que puedan considerarse excesivos e inapropiados serían, en todo caso, acciones basadas en el principio de beneficencia, que buscarían lo mejor para la mujer», señalan.

Recuerdan, asimismo, que «la modulación de prácticas innecesarias se ha ido produciendo de acuerdo con la evidencia científica y con la aplicación del principio de autonomía» y que «ésta es la vía para mejorar la calidad de la atención obstétrica» con la que todos los profesionales sanitarios están comprometidos.

Por ello, la profesión médica «pide prudencia y no crear alarmas sociales innecesarias que pueden contribuir a deteriorar la necesaria confianza entre el médico y su paciente; rigor para denominar las prácticas profesionales y respeto para los especialistas que trabajan con entrega, servicio, humanidad y ética». Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos aseguran que están a disposición del Ministerio de Igualdad para participar en todas aquellas iniciativas enfocadas a mejorar la asistencia sanitaria a las mujeres, desde el conocimiento científico, el compromiso ético y deontológico y la experiencia profesional.

«Violencia de género»

Montero ya intentó incluir ese ataque contra los médicos en su Ley del Aborto, aprobada el pasado 15 de diciembre. A través de varias enmiendas -que fueron rechazadas- Podemos alegaba que los sanitarios ejercen esta «violencia» en la atención al embarazo y el parto con prácticas «que impactan sobre la salud física y psíquica de las mujeres y sobre su derecho al más alto nivel de salud» y «que están basadas en prejuicios y estereotipos machistas sobre la reproducción, la sexualidad, el embarazo y el parto».

Podemos siempre ha defendido esta supuesta «violencia» ejercida por los profesionales sanitarios y que consideran una forma de «violencia de género».

Ginecólogos

Desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) también trasladan a OKDIARIO su rechazo a las acusaciones sobre «violencia obstétrica».

«Trabajamos intensamente por mejorar la atención que las mujeres reciben durante su proceso de embarazo y parto, investigando y estableciendo la mejor evidencia científica para todos los casos, publicando y difundiendo consensos con las recomendaciones basadas en esa evidencia y desarrollando la mejor formación orientada a ese objetivo», defienden estos profesionales.

«La inclusión de todas estas prácticas en el marco de la violencia de género es sencillamente ilógica, desde el momento en el que se considera que la mayoría de los profesionales que ejercemos esta especialidad somos mujeres», destacan.

Recuerdan, asimismo, que no se puede «banalizar de esta forma la violencia de género, que es muy grave».

«La tipificación penal de un concepto como la violencia obstétrica, en el que se encuadran posibles delitos tan diferentes como una injuria, una coacción, una broma repulsiva, un abuso sexual, una episiotomía, una maniobra de Kristeller o una cesárea, sitúa a los profesionales en un territorio de inseguridad y desprotección jurídica insoportable. Por resumirlo, esta tipificación penal expone a los profesionales al riesgo de acabar condenados por una decisión médica o por una interpretación subjetiva. Y al absurdo de que un o una profesional sanitario/a pueda acabar respondiendo ante los tribunales por un delito penal de violencia machista contra una mujer por una práctica profesional de urgencia con la que quizás haya salvado su vida o la de su bebé», añaden.

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