El líder del PSOE en Argentina admite que la nacionalización masiva tendrá «repercusiones electorales»

Óscar González, presidente de la Comisión Gestora que dirige actualmente el PSOE en Argentina -el país que registra el mayor número de peticiones de nacionalidad española- admitió en una entrevista radiofónica que la conocida como Ley de Nietos tendría «repercusiones electorales».  En todo este tiempo, los dirigentes socialistas españoles se han cuidado mucho de no vincular esta ley -que fue aprobada en octubre de 2022- con un interés electoralista, pese a que su impacto en el censo es evidente.

En una entrevista en diciembre de 2024 en el canal Somos Radio, González destacó que dicha ley otorgaba el pasaporte español «no sólo a los descendientes de exiliados políticos sino de cualquier español o española».

«Imagínense en las condiciones económicas, sociales y culturales críticas de América Latina… En Argentina, que es el país que recibió más emigración española, se ha producido un fenómeno muy interesante y que va a tener repercusiones a lo largo del tiempo, en materia política, demográfica y electoral española», prosiguió el dirigente socialista, haciendo alusión a los miles de ciudadanos que habían iniciado ya los trámites por la Ley de Nietos. Se calcula que hasta un millón de argentinos han solicitado la nacionalidad española, de los cuales, 650.000 peticiones se concentran sólo en Buenos Aires.

González, que desde septiembre de 2024 preside la Comisión Gestora del PSOE de Argentina, es el encargado de implementar en el país la nacionalización masiva, ahora en el centro de la polémica.

Impacto electoral

El impacto electoral de esa nacionalización está en el punto de mira por la instrucción firmada en octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia, que amplió extraordinariamente el alcance de la ley, permitiendo adquirir la nacionalidad no sólo a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo sino de cualquier emigrante español fuese cual fuese la razón de su salida de España.

OKDIARIO desveló que en virtud de la instrucción -firmada por Puente sólo unos días después de la aprobación de ley en las Cortes- se estaba nacionalizando a descendientes de españoles no vinculados al exilio. La consecuencia: 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española, y se han aprobado más de medio millón de expedientes. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias preliminares contra Sofía Puente por un posible delito de prevaricación.

Este periódico reveló también cómo los propios consulados admitían que pese a que la ley «no menciona a tataranietos ni bisnietos» estos casos se estaban admitiendo a trámite gracias a la mencionada instrucción.

Igualmente, ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad, o los actos masivos de jura que se llevan a cabo en los consulados y que, en algunos casos, superan incluso el millar de participantes, lo que revela el extraordinario alcance de la Ley de Nietos.

El PSOE ha llevado a cabo una activa campaña de movilización en los países que concentran más descendientes de españoles, especialmente Argentina. En un encuentro en la sede del PSOE de Buenos Aires, el partido reveló su interés en movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP. Una táctica para «morderle la mayoría» al partido de Núñez Feijóo.

Pocos días antes de las elecciones de julio de 2023, la entonces responsable del PSOE en el Exterior, Pilar Cancela, protagonizó un encuentro con la militancia socialista en Buenos Aires donde arengó a los nuevos nacionalizados a votar al PSOE: «Más que nunca tenemos que votar, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos», reclamó, destacando que los descendientes «pueden votar gracias a este Gobierno».

Cabe destacar que el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- pese a la victoria holgada del PP en todos esos comicios.

La Junta Electoral Central ha solicitado a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la Ley de Nietos y el voto por correo en el exterior.

Y es que la determinación del municipio en el que se inscriben estos nacionalizados, de cara a las elecciones, genera suspicacias. Para ello, el propio interesado debe rellenar un formulario de la Oficina del Censo Electoral en el que puede elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España». Apenas tiene que justificar su elección, sólo marcar si ese municipio fue «su última residencia» en España -poco probable en el caso de los nacionalizados por la Ley de Nietos-, el «de mayor arraigo propio o de sus ascendientes o bien «otros motivos». «En su caso», el solicitante deberá aportar los documentos que considere «oportunos» justificativos de su decisión.

Ahora, la Junta Electoral avisa que «la determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada» y solicita información de cómo se está llevando a cabo el proceso y los mecanismos de control.

Cuatro vocales del organismo arbitral advierten además de la urgencia de «poner fin a un incremento formidable e irreversible del censo en contra de lo previsto en la ley». «De nuestra inacción por presunta falta de competencia, se van a derivar efectos irreversibles», han avisado estos jueces.