La lección de transparencia del PP a Marlaska: hasta colgó en la web de Interior los vídeos del Tarajal

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior se niegan a hacer públicos los vídeos de lo ocurrido el pasado junio en el paso fronterizo de Melilla con Marruecos, donde más decenas de inmigrantes fallecieron en una avalancha producida tras una carga policial marroquí. Las imágenes que esclarecerían los hechos, más allá de un breve corte que pudieron ver un grupo de diputados in situ, siguen bajo el candado de Fernando Grande-Marlaska. Una situación que contrasta con lo ocurrido tras la tragedia de la playa del Tarajal (Ceuta), donde fallecieron 15 inmigrantes. El Gobierno del PP, unos días después, subió a su página web los vídeos íntegros del suceso por el que 16 guardias civiles fueron encausados y posteriormente absueltos: su actuación fue «adecuada y proporcional», sentenció la Audiencia Provincial de Cádiz.

«Inauguramos una nueva etapa en la necesaria regeneración democrática, en la ejemplaridad pública. Los tiempos han cambiado, la política ha cambiado y el Gobierno avanza con su sociedad en la transparencia y en la rendición de cuentas». El 29 de diciembre de 2020, Pedro Sánchez pronuncia estas palabras durante un acto para hacer balance de su primer año de gobierno. Palabras que hoy persiguen al Gobierno y que le restriegan hasta sus socios de ERC y EH Bildu. El marco, la tragedia de la valla de Melilla.

El Ejecutivo, que presumía de su apuesta decidida por la «transparencia» y la «ejemplaridad pública», se niega ahora a hacer públicos y accesibles para todos los españoles los vídeos de lo ocurrido en ese paso del Barrio Chino melillense donde fallecieron 23 inmigrantes. Dato oficial según Interior y según Marruecos, que las ONG elevan por encima de las 70 víctimas mortales. 

EH Bildu se lo ha recriminado incluso en el Congreso de los Diputados al ministro Marlaska, que hasta el pasado mes de septiembre -casi tres meses después- no dio cuenta en la Cámara Baja de lo ocurrido en Melilla. Y hasta sus socios le han recordado al Ejecutivo de Sánchez que no aguanta, en términos de transparencia, una comparación con el PP en el caso de la tragedia del Tarajal de Ceuta.

Comparaciones

El 6 de febrero de 2014, un grupo de 200 personas trató de entrar a nado a través de la citada playa partiendo desde la costa de Marruecos. La dotación de la Guardia Civil presente en la zona trató de evitar su llegada con el lanzamiento de pelotas.  En aquel suceso fallecieron ahogados 15 inmigrantes. La oposición del PSOE inició una campaña contra el Gobierno de Rajoy acusándole de un trato inhumano a los inmigrantes y señalando la actuación de los agentes.

El Gobierno del PP tardó apenas una semana en subir a la web del Ministerio del Interior los vídeos captados por las cámaras de la playa. Lo hizo después de que un juez no viese motivos para decretar la causa secreta (en aquel momento se iniciaba la investigación sobre la actuación de los agentes de la Guardia Civil).

Además, paralelamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acudió al Congreso de los Diputados a someterse al control de los grupos y a las preguntas sobre este asunto. Interior detalló el tipo, cantidad y circunstancias de uso del material antidisturbios utilizado. Hasta EH Bildu le recordó estos detalles a Grande-Marlaska el pasado mes de septiembre.

Absueltos

Los 16 guardias civiles que actuaron con material antidisturbios -lanzadores de pelotas de goma y gases- que fueron procesados por aquellos hechos del Tarajal quedaron absueltos el pasado 2020. Seis años después del inicio de una pesadilla personal y profesional. «Tuvo que ser finalmente una sentencia judicial, la que pusiera fin a una situación esperpéntica en la que [esos agentes] tuvieron que aguantar la injusticia de verse acusados durante años por delitos de homicidio; sus carreras truncadas, su reputación en entre dicho y sus familias con el alma en vilo», relataba esta semana la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en un comunicado al hilo de los acontecimientos de Melilla.

Efectivamente, la Audiencia Provincial de Cádiz -la jurisdicción a la que pertenece Ceuta- absolvió finalmente a los 16 guardias civiles y archivó la causa alegando que «no hay prueba indiciaria que contradiga la afirmación de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones». El uso de pelotas de goma fue «adecuado y proporcional a las circunstancias del caso».

«Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa no tenían obligación de socorrer a los nadadores, no solo porque no se ha acreditado (ni siquiera alegado) que los primeros les hicieran algún requerimiento al respecto, sino porque tampoco existe prueba alguna de que alguien se estuviese ahogando o en peligro», relata la sentencia absolutoria. Además, reconoce que los agentes mostraron en todo momento una actitud de «auxilio» a todos los inmigrantes que conseguían alcanzar la costa. Fueron, dice la sentencia, «tratados con consideración».