La Junta de Fiscales del Supremo decidirá el futuro judicial de Pablo Iglesias a final de mes

La Junta de Fiscales de Sala decidirá sobre el futuro judicial del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a final de este mes, tal y como ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha decidido convocar a los ocho fiscales de Sala de lo Penal para que informen sobre los tres delitos relacionados con el conocido como caso Dina-Iglesias que investiga el robo del teléfono de la ex asesora de Podemos Dina Bousselhan.

Iglesias se enfrenta a una posible imputación por tres delitos que, según el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, habría cometido en el seno de la investigación del caso Dina-Iglesias. Dichos delitos son los de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito. Unos ilícitos penales que, en caso de ser condenado, podrían acarrearle a Pablo Iglesias penas de prisión de hasta nueve años, además de las correspondientes multas.

A diferencia de las querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, donde Navajas no sólo no convocó la Junta de Fiscales de Sala sino que, además, firmó el informe que solicita el archivo de las mismas, en esta ocasión será otra fiscal, Pilar Fernández Valcárcel, la que se encargue del informe sobre Iglesias. Fernández Valcárcel ha sido elegida por ser la fiscal de Sala de más antigüedad.

Los fiscales consultados por OKDIARIO afirman que necesitan alrededor de 15 días antes de que se convoque la junta. Esto es así porque no sólo deben valorar la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por García-Castellón, sino que deben leer y analizar toda la documentación relacionada con el asunto, incluida la denuncia del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente y las declaraciones prestadas en sede judicial tanto por Pablo Iglesias como por Dina Bousselhan.

Respecto a cuál será la decisión final, las fuentes consultadas explican que “sin ver los documentos no se puede inclinar la balanza ni hacia un lado ni hacia el otro, pero que, desde luego, lo que tampoco es tan claro es que sea un archivo de libro como asegura la formación morada”.

Por otro lado, los fiscales de Sala han mostrado su satisfacción porque esta vez, a diferencia de lo ocurrido con las querellas del coronavirus, se les permita opinar al respecto y orientar a su compañera encargada de redactar el informe.

‘Caso Dina-Iglesias’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos presuntamente cometidos por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina-Iglesias. En el escrito de 63 páginas, el magistrado solicita que se investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito.

Además, solicita que se investiguen a la diputada Gloria Elizo y los letrados de la formación morada Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo por acusación o denuncia falsa o simulación de delito. El juez cree que Dina Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira pudieron cometer un delito de falso testimonio.

De no ser aforado por su condición de diputado del Congreso y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias habría sido imputado por tres delitos por el juez que durante años ha investigado la causa.

Deriva al Supremo 

El juez recoge en la exposición razonada el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, de 16 de septiembre, en el que además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas de los hechos, en relación con la autoría y naturaleza de los desperfectos de la tarjeta del móvil de dina Bousselham. Según argumentaba la Sala, al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, los hechos «carecerían de conexidad» para poder investigarlos en este juzgado de la Audiencia Nacional.

Así pues, la Sala de lo Penal instaba al magistrado a remitir al órgano competente los testimonios oportunos para esclarecer los hechos aparentemente delictivos que han ido apareciendo en esta pieza y que se infiere, según el magistrado, «la existencia de indicios razonables de la participación delictiva del aforado Pablo Iglesias Turrión» y la Sección Tercera de la Sala de lo Penal devolvió la condición de perjudicado al vicepresidente del Gobierno. Por ello, ahora el juez instructor toma la decisión de derivar los presuntos hechos delictivos de esta causa, tal y como señaló la Sala, al tribunal competente: el Supremo.