El juez del ‘caso Villarejo’ pide al Consejo de Ministros que García Castaño pueda declarar sobre secretos oficiales

Enrique García Castaño
Pedro Sánchez, en una reunión del Consejo de Ministros.

El juez instructor del caso Villarejo ha pedido permiso al Consejo de Ministros para que el comisario Enrique García Castaño pueda declarar en sede judicial sin vulnerar la Ley de secretos oficiales.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ya ha remitido al Consejo de Ministros del Gobierno que preside Pedro Sánchez la petición por escrito. El objetivo es que el comisario García Castaño, investigado en la causa, pueda aclarar algunos hechos investigados en la ‘Operación Tándem’ relacionados con secretos de Estado.

Estas mismas fuentes apuntan que si el magistrado recibe el visto bueno del Consejo de Ministros, previsiblemente se fijará fecha para la segunda declaración en sede judicial de García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, que ya compareció tras su detención el pasado mes de julio.

Tras las informaciones desveladas por los medios de comunicación, el comisario solicitaba al juez que volviera a tomarle declaración, pero esta vez, con permiso del Consejo de Ministros para que pudiera "hacer uso de información que pueda estar clasificada como secreto oficial", y así poder aclarar algunos de los extremos más delicados del caso que le afectan.

Tal y como trasladaron sus abogados al juez de la Audiencia Nacional, García Castaño sostiene que sólo así puede desplegar su derecho de defensa frente a "filtraciones interesadas" de "conversaciones que son malinterpretadas y retorcidas para presentar unos hechos que no se corresponden con la realidad".

En concreto, el comisario solicitaba permiso para poder vulnerar en sede judicial la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la Ley de Gastos Reservados de 1995. Según el artículo 13 de la citada Ley, "las actividades reservadas por declaración de Ley y las ‘materias clasificadas’ no podrán ser comunicadas, difundidas, ni publicadas, ni utilizado su contenido, fuera de los límites establecidos por esta Ley.

"El incumplimiento de esta limitación", añade la Ley, "será sancionado conforme a las leyes penales, si procediere; por vía disciplinaria, en su caso, y mediante aplicación de las sanciones administrativas que corresponda. En los dos últimos casos la infracción será considerada como falta muy grave".

Pedro Sánchez
Consejo de Ministros. (Foto: EFE)

El magistrado de refuerzo solicitó previamente informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la posibilidad de que García Castaño pudiera declarar abiertamente sobre asuntos como el uso de fondos reservados sin incurrir en delitos por vulneración de secretos oficiales. Tras recibir el escrito del juez, Anticorrupción rechazaba esta solicitud porque entiende que aún hay diligencias por practicar antes de llegar a tomar declaración a García Castaño.

El pasado mes de julio, el juez instructor tomó declaración a García Castaño y lo dejó en libertad con medidas cautelares contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que defendía la necesidad de mantenerlo en prisión mientras es investigado por facilitar documentación y datos personales a Villarejo sobre las personas a las que éste hacía seguimiento.

Los fondos para el chófer de Bárcenas

OKDIARIO desvelaba este lunes que el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aprobó el pago de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas. Y el comisario José Villarejo fue el que se los entregó.

El Ministerio de Jorge Fernández Díaz dio orden de que el chófer del ex tesorero recuperara documentos comprometedores de tres altos cargos del PP: Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Y le pagó con 48.000 euros a lo largo de dos años, un dinero procedente de los fondos reservados.

La cadena de control de los fondos reservados iba de abajo a arriba. El ex secretario de Estado, de este modo, firmaba de forma genérica el concepto. Y es que el control comenzaba en la cadena policial, llegaba al asistente del DAO (director adjunto operativo de la Policía), al propio DAO y al jefe de Gabinete de Martínez.

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