'caso Leire Díez'

El juez Pedraz mantiene al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas al frente de UCO

"Resulta evidente que esta investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa"

PSOE UCO
Antonio Balas, teniente coronel jefe del departamento de investigaciones económicas de la UCO. (AVA)

El magistrado Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha decidido que el coronel de la Guardia Civil Antonio Balas siga dirigiendo la unidad de la UCO encargada de esta investigación. Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en la que el juez justifica la medida ante «la extraordinaria complejidad de las actuaciones, su especial trascendencia institucional y jurídica, el estado de desarrollo de las diligencias de investigación y la necesidad de garantizar su continuidad, integridad, eficacia, reserva e imparcialidad».

Este movimiento tiene un antecedente reciente: en septiembre, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa recogió el ascenso de Balas a coronel, y esa misma orden ya apuntaba que mantendría el mando de la unidad anticorrupción de la UCO, tal como había reclamado el juez del caso Koldo, Ismael Moreno.

Ahora Pedraz da un paso más y fija esa continuidad de manera permanente. Según explica, Balas conservará esa responsabilidad aunque su ascenso o un eventual cambio de destino pudieran, en otras circunstancias, alejarlo de ella, y lo vincula al interés general, a las necesidades del servicio y a las garantías propias de la Policía Judicial. «Resulta evidente que esta investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa», dice Pedraz en su providencia.

El juez añade que la naturaleza de esta investigación aconseja proteger la estabilidad de quien la dirige en el plano operativo, de modo que no se produzcan cambios organizativos que generen perturbaciones, rupturas o riesgos en su desarrollo. En definitiva, sostiene que la prórroga se apoya en motivos excepcionales y de interés público, en la correcta prestación del servicio de Policía Judicial y en la necesidad de blindar la eficacia de la persecución penal.

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