El juez insta al Ayuntamiento de Madrid a comprobar si Podemos pagó menos impuestos por su sede

El juez ha remitido al Ayuntamiento de Madrid una parte del sumario de la investigación de Podemos, para que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida determine si Podemos eludió pagar en su totalidad el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) por la reforma de su nueva sede, en la calle Francisco Villaespesa 18.

En un primer momento, Podemos licitó la reforma de la sede por 649.936 euros. Sin embargo, el presupuesto se incrementó más del doble: 1.361.055 euros.  La formación abonó el ICO al Ayuntamiento–como es preceptivo–antes de realizar las obras, por lo que el importe a pagar se calculó sobre el precio inicial y no sobre el final, que era considerablemente mayor.

El juez sospecha que se calculó «a la baja» el coste de las obras precisamente para pagar menos impuestos. Así lo señala en un duro auto: «Cabe concluir racionalmente que el hecho de que tanto en el Proyecto Básico como posteriormente en el Proyecto de Ejecución, se consignaran unos precios mínimos, obtenidos de la aplicación informática anteriormente expuesta publicada por la Comunidad Autónoma de Madrid, obedeció a la finalidad de pagar una cantidad inferior a la procedente al Ayuntamiento de Madrid por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras».

Además, el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid asegura que ·se ha requerido en dos ocasiones al partido político Podemos a los efectos de que presentara la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto «sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe del ICO conforme al valor real de las obras».

Por todo ello, el juez Escalonilla procede a «dar traslado al Ayuntamiento de Madrid del informe presentado por el arquitecto Manuel E. García Campos el día 18 de noviembre de 2020, y obrante a los folios 2.181 a 2.183 de la causa por si procediera realizar por parte del Ayuntamiento una liquidación final del ICO conforme al valor real de la obra».

«El coste no era real»

El arquitecto responsable de las obras de reforma en la nueva sede de Podemos, Manuel Enrique Campos García, reconoció ante el juez que los precios que presentó en su proyecto «no eran reales», tal y como adelantó OKDIARIO.

El magistrado preguntó al arquitecto por la diferencia entre el presupuesto presentado en el proyecto de reforma del edificio y el coste final y el constructor señaló que «se trata de algo normal». Añadió: «Se realiza un proyecto, se hacen unas mediciones y se ponen unos precios pero no son los reales de la obra porque los precios los pone luego el constructor o el contratista».

El magistrado, fechado este martes, ha archivado la investigación sobre la adjudicación de las obras de la sede al considerar que no se ha cometido un delito de apropiación indebida en el incremento del presupuesto.

Sin embargo, el hecho de que no exista un ilícito penal no exime a los morados de otro tipo de responsabilidad. Por ejemplo, el magistrado asegura que se ha incumplido lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 8/2.007 de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos, donde, bajo el título «Régimen de contratación de los partidos políticos», se establece:

1. Los procedimientos de contratación de los partidos políticos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.

2. El partido político deberá aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se adecuarán a lo previsto en el apartado anterior y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán publicarse en la página web del partido político».

Por ello, remite al Ayuntamiento de Madrid la documentación que obra en el sumario relativa a la reforma de rehabilitación de la sede, por la que Podemos desembolsó más de dos millones de euros, para que se valore si la formación de Iglesias debe dinero al erario.

Del mismo modo, el juez considera acreditada «la inexistencia de una real licitación pública por parte del partido político Podemos de los diversos bloques o partidas en que se dividieron las obras de rehabilitación, resultaron explícitas las declaraciones de los representantes legales de las diversas empresas a las que contrató su ejecución».

En esta causa se encuentran personados el Movimiento de Regeneración Política de España, Vox y la Asociación de Juristas Europeos (Prolege).