El juez del ‘caso Pegasus’ cita como testigos a Robles y Marlaska tras la declaración de Bolaños

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que instruye el caso Pegasus, en el que se investiga el espionaje a miembros del Gobierno con este software israelí, ha acordado citar como testigos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha ordenado estas diligencias tras interrogar al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien se puso de perfil y descargó en su equipo el control de los móviles del presidente del Gobierno y los ministros Robles y Marlaska.

El pasado mayo, el Gobierno anunció públicamente que Pedro Sánchez y la ministra Robles habrían sido espiados con el sistema Pegasus, sólo a disposición de los Estados, entre mayo y junio de 2021. Más de una veintena de países, entre ellos España, han comprado este software israelí que permite acceder al contenido de los terminales móviles. Unos días después se conoció que también Marlaska había sido espiado con ese mismo dispositivo. El Ejecutivo certificó que son intrusiones externas consumadas por parte de terceros países, según anunció Bolaños en una comparecencia matinal. Con los accesos ilegales habrían extraído 2,6 gigas de información del terminal de Sánchez en un primer ataque, 130 megabites en un segundo, y 9 megabites a Margarita Robles. El ministro de la Presidencia no detalló qué tipo de información se pudo extraer.

Se da la circunstancia de que las fechas del espionaje a Sánchez y Robles coinciden con la guerra fría de Marruecos y España. Fue en mayo y junio del año pasado cuando Rabat prácticamente rompió relaciones con el Gobierno español por la postura de Pablo Iglesias respecto al Sáhara y la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, de forma ilegal para ser tratado de la Covid en Logroño. La respuesta de Marruecos fue permitir una invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta.

CNI

La ex directora del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban declaró el viernes 3 de junio. Durante cerca de 30 minutos, quien fuera la máxima responsable de la Inteligencia en España, compartió con el magistrado Calama la información de la que disponía con respecto a la infección con Pegasus de los móviles de de Sánchez, Robles y Marlaska. El terminal de Luis Planas también sufrió un intento de ataque, pero fue fallido.

La ex directora del CNI, que repitió en varias ocasiones durante el interrogatorio que no es experta en temas informáticos, puesto que es licenciada en Filosofía y Letras, relató ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que la voz de alarma la dio Margarita Robles, tras detectar una serie de notificaciones sospechosas en su teléfono.

Esteban no citó en su declaración al ministro Bolaños. Sin embargo, sí lo hizo su compañero, que declaró unas horas antes que la ex directora del CNI, concretamente, entre las 9:30 y 11:00 horas. Este testigo explicó que el control de los teléfonos móviles correspondía a la Secretaría de Presidencia que entre sus funciones destaca «la seguridad de las actividades del presidente del Gobierno y la asistencia en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones».

En ese momento, el magistrado de la Audiencia Nacional consideró que Bolaños podría haber desempeñado un papel de coautor de un delito imprudente en los hechos investigados, puesto que «tenía el deber jurídico» de proteger los terminales y «por no haber empleado la debida diligencia se ha dañado dicho bien», explican.

Bolaños

Seguidamente, el juez citó a Bolaños que es el único ministro que hasta el momento ha declarado ante el juez del caso Pegasus. El testigo respondió a las nueve preguntas formuladas por el juez Calama y a tres cuestiones expuestas por el fiscal jefe Jesús Alonso. Fuentes consultadas por este periódico manifiestan que las preguntas elaboradas por el Ministerio Público eran «escasas y repetitivas».

El instructor, que mostró un claro interés en seguir las pesquisas del procedimiento y resolver los interrogantes, preguntó al ministro sobre «quién fue el responsable de ordenar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) examinar los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y los tres ministros con el objetivo de comprobar si los mismos estaban infectados y habían sido intervenidos». El ministro, que teme ser imputado por un delito de imprudencia agravada, manifestó: «No lo sé».

Según fuentes consultadas, Bolaños reflejó en su respuesta escrita que los responsables de realizar dicha función son sus subordinados y recordó al magistrado el real decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Bolaños pretende evitar de esta manera que el magistrado detecte indicios delictivos en su actuación y eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando su imputación.