El CNI aportará documentos que desmienten 45 pinchazos a los golpistas y prueban la legalidad del resto

El CNI tiene en su poder los documentos que prueban la legalidad de las investigaciones realizadas con el sistema Pegasus a los separatistas inmersos en indicios delictivos, según fuentes internas. Del total de cerca de 65 casos denunciados por los separatistas, 45 directamente son falsos, según esos datos. Y los otros entre 17 y 18 casos cuentan con sus correspondientes autorizaciones judiciales. Es decir, según la versión de los servicios de inteligencia, el denominado caso espionaje literalmente no existe.

El CNI está dispuesto a pasar, con autorización judicial, a demostrar que el supuesto caso espionaje de Pegasus ha sido utilizado por los separatistas de forma falsa. Fuentes internas han confirmado a OKDIARIO que los servicios de inteligencia cuentan con todas las autorizaciones judiciales relativas a los pocos casos de investigaciones realizados a líderes separatistas. Pocos, porque frente a la horquilla de entre 63 y 67 casos que han denunciado e insinuado de supuestos espionajes, la realidad es que dentro de esa categoría tan sólo se encontrarían entre 17 y 18 casos reales.

El resto de casos de Pegasus, literalmente, no habrían contado con investigación por parte del CNI. Eliminada esa parte, que ya es considerada literalmente fake por parte de los servicios de inteligencia, quedarían esos 18 casos máximo de investigación. Y en todos ellos el CNI cuenta con las correspondientes resoluciones y autorizaciones judiciales que avalan la investigación en base a indicios contrastables de actuaciones en favor de actos ilícitos consistentes en ataques, disturbios o preparativos contrarios a la legalidad en favor del separatismo.

Las autorizaciones, además, no habrían sido exclusivamente las iniciales, sino también todas las renovaciones de esos permisos judiciales trimestrales para mantener las investigaciones en caso de haber sido necesarias. El CNI no ha podido aportar este material, precisamente, por ser secreto y suponer una violación de derechos de los propios mencionados e investigados, el hecho de desvelar material secreto y clasificado en el que se incluyen los nombres, indicios y actos llevados a cabo.

Por eso, hasta el momento, el ataque del separatismo contaba con una ventaja mediática obvia: ellos podían atacar y los servicios de inteligencia no se podían defender. Pero el inicio de las actuaciones de la Fiscalía o judiciales puede abrir la puerta a la entrega, bajo solicitud amparada por la Justicia, de ese material. “Y en ese momento se va a desvelar que, ni ha habido todas esas investigaciones que afirman, ni ha habido violación legal alguna”, afirma una fuente conocedora de esta información a OKDIARIO.
Los separatistas afirman que más de 60 de sus líderes y responsables han sido espiados por el Gobierno con el polémico sistema Pegasus.

Pero la directora del CNI, Paz Esteban, y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, no han dejado de aclarar que todas las actuaciones con Pegasus se llevaron a cabo dentro de la más absoluta legalidad. Ahora, la directora de la inteligencia española puede dar un paso más: reconocerá las investigaciones efectivamente realizadas dentro de la ley y descartar el resto que los separatistas aseguran estar igualmente en esa lista de supuestos espiados.

Separatistas

Los separatistas ya han conseguido lo que querían: tener un nuevo instrumento de presión con el que lograr dos objetivos prioritarios para ellos. En primer lugar, para chantajear al Gobierno y lograr, por ejemplo, entrar en la Comisión de Secretos Oficiales para tener acceso a la información más delicada del mismo Estado que quieren destruir. Este objetivo ya lo han conseguido.

Y dos, atacar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, persona a la que quieren fueren del Gobierno a toda costa. Este segundo reto no lo han conseguido. Los separatistas basan sus exigencias en la acusación al CNI, y, por extensión, al Gobierno, de haber utilizado un programa software, destinado a la vigilancia remota de teléfonos inteligentes, para espiar a más de 60 líderes catalanes.

Las afirmaciones de los separatistas se basan en una investigación de The Citizen Lab, una plataforma de investigación sobre seguridad cibernética adscrita a la Universidad de Toronto. Pero, en breve, Paz Esteban dará explicaciones para afirmar dos puntos decisivos. El primero, que en ningún caso se trató de espionajes ilegales. Fueron investigaciones sobre Pegasus con todas las salvaguardas legales exigidas al CNI en esta materia y basadas en los indicios reales de posibles comportamientos delictivos de los afectados.
Y, el segundo, que la cifra está inflada y que el número de investigados reales se limita a menos de 20: en concreto, un máximo de 18.

Los informes que esgrimen los separatistas afirman haber detectado, al menos, 51 infecciones de móvil con el uso del código Pegasus. Una lista a la que se sumarían otros 12 intentos de infección mediante correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. En total, más de 60 casos de supuesto espionaje. Las próximas explicaciones de la directora del CNI descartarán esta afirmación. Se trata de un sistema diseñado por la compañía israelí NSO Group: un spyware diseñado, efectivamente, para rastrear a delincuentes por medio de una tecnología que consigue hacer accesible toda la información albergada en el teléfono del usuario sin necesidad de ninguna acción por parte del investigado.

A los tribunales

Hay que recordar que fue la propia Margarita Robles quien instó a los separatistas a acudir a los tribunales. Y les advirtió de que ese paso podría albergar sorpresas para ellos. En todo caso, en la Justicia ordinaria ya consta una causa sobre el supuesto espionaje a través de los móviles de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y otros políticos rupturistas. El caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona.

El magistrado de esta sede espera en estos momentos la respuesta de Israel a las comisiones rogatorias que envió hace un año y medio, cuando el caso se centró en el consejero Roger Torrent y el concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall. También se espera la respuesta de Irlanda, donde tiene el domicilio fiscal Facebook, propietaria de WhatsApp, que alertó del supuesto ataque a Torrent y Maragall.

Al detectar el intento de entrada en los terminales móviles, Torrent y Maragall se querellaron contra responsables del CNI, pero el juez y la Fiscalía rechazaron investigarlos por falta de indicios. No obstante, el instructor envió sendas comisiones rogatorias a Israel e Irlanda para recabar más datos.

Las citadas fuentes jurídicas detallan que los nuevos casos de presunto espionaje publicados esta semana podrían unificarse en esta misma causa, para lo que cada uno de los afectados debería denunciar los hechos.
El lunes de la semana pasada, una investigación de la plataforma de ciberseguridad CitizenLab difundió que los móviles de unos sesenta miembros de ERC, Junts y la CUP fueron espiados entre 2019 y 2020 con el programa israelí Pegasus, ya con Pedro Sánchez en el despacho noble del Palacio de La Moncloa.