La juez prohibió a la inspectora de González Amador decir si sabía que era el novio de Ayuso

Inmaculada Iglesias, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, impidió a la inspectora de Hacienda Mercedes Urbano admitir en sede judicial si conocía que Alberto González Amador era el novio de Ayuso durante la inspección fiscal. 

OKDIARIO ha podido acceder por primera vez a la declaración de los testigos que comparecieron en el procedimiento judicial que se sigue sobre el novio de Ayuso. Una de las peritos, que elaboró un informe fiscal sobre González Amador, dió explicaciones durante más de dos horas ante la juez sobre la inspección fiscal que le hizo.

Su investigación abarcó los ejercicios 2019-2021 de la sociedad Maxwell Cremona y dijo haber detectado irregularidades significativas que dieron lugar a dos delitos fiscales.

Uno de los abogados le preguntó cuándo tuvo conocimiento de que Alberto González Amador era la pareja de la presidenta de la Comunidad, a lo que la inspectora contestó: «Uff, esto es un tema personal, que yo no tengo que responder».

Rápidamente, fue interrumpida por la juez que le dejó bien claro al letrado que no podía preguntar por eso. «No, letrado, me parece que esa pregunta personal no procede», dijo tajante mientras el abogado trataba de preguntar de nuevo, alegando que lo iba a hacer de forma institucional para saber si era conocida esta circunstancia en la Agencia Tributaria.

«Disculpe no a ver, letrado, es una perito que viene a informar sobre unos hechos y no va a contestar a la pregunta», cortó tajantemente al abogado.

La inspectora de Hacienda también se negó a dar explicaciones sobre este extremo al considerar que esa información no estaba en el informe que elaboró sobre el novio de Ayuso. «Efectivamente», zanjó la juez, quitándole la palabra al abogado y dando paso al último interviniente que podía preguntar ese día de declaraciones.

La inspectora del novio de Ayuso

Mercedes Urbano compareció como perito para ratificar su informe de 187 páginas sobre delitos fiscales contra la Hacienda Pública. Su investigación abarcó los ejercicios 2019-2021 de la sociedad Maxwell Cremona, que controlaba González Amador. Según declaró en sede judicial, la inspectora identificó delitos contra el fisco.

«Aquí realmente tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública; un primer delito del ejercicio 2020, el obligado tributario que es acusado es la sociedad Maxwell Cremona, Impuesto sobre Sociedades 2020, con una cuota defraudada de 155.000 euros y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades 2021, al mismo obligado tributario, con un importe de 195.591 euros», explicó.

Y prosigue: «Nosotros entendemos que hay un delito contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria».

La inspectora del novio de Ayuso aseguró en sede judicial que se utilizaron facturas falsas con una sociedad mexicana por un valor de 620.000 euros, con la empresa Galliani y sobre un entramado de compañías del municipio de Arahal en Sevilla.

En concreto, en Arahal la inspectora del novio de Ayuso dice haber encontrado 13 facturas pequeñitas, de no mucho importe montario, creadas entre 2018 y 2021. Los que hicieron estas facturas también han comparecido en sede judicial.

«Nosotros lo que acreditamos es que todas estas facturas emitidas son también facturas falsas, porque la prestación de servicios que se factura no puede ser desarrollada ni prestada por estas seis empresas», explica la perito.

Y prosigue: «Esta es la tónica general de las empresas emisoras de facturas falsas que realmente nunca dejan ingresos dentro de lo que es la propia sociedad, que esto es bastante inusual en empresas en funcionamiento, porque tal cual lo pagan están retirando los fondos en efectivo».

Incremento de ingresos

La inspectora explicó que el incremento extraordinario de ingresos de Maxwell Cremona, pasó de 375.000 euros en 2019 a 2.330.000 euros en 2020. Por el contrario, asegura que la tributación disminuyó en lugar de aumentar.

La inspectora detectó que este incremento se debía principalmente a una factura por intermediación en la venta de material sanitario por valor de 1.975.000 euros.

«Analizamos a las dos partes intervinientes y la sociedad Maxwell Cremona lo único que hace es intermediar. Pone en contacto a una sociedad que tiene material sanitario con otra sociedad que requiere de ese material sanitario. Por tanto, es una intermediación entre las partes», explicó ante la juez.