El juez busca pruebas de cómo las cloacas de Ferraz intentaron «desestabilizar» investigaciones contra el PSOE

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que acuda este miércoles a la sede del PSOE en busca de diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez dirige el procedimiento contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; Leire Díez, presunta fontanera vinculada al PSOE; el empresario Javier Pérez Dolset; el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía  Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias  y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.

Además, el juez considera que de los hechos investigados aparece descrita  la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana, que fue presidente de Correos, y  Juan Francisco Serrano Martínez, diputado socialista que fue mano derecha de Cerdán y que sigue en la Ejecutiva del PSOE, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

Para el magistrado, la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

Registros en los domicilios de Cerdán y Zarrías

De forma simultánea, agentes de la UCO están registrando la casa en Milagro (Navarra) de Cerdán, también imputado en el caso Koldo, así como un domicilio en Madrid de Gaspar Zarrías y el del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid).

Fuentes del caso indican que el teniente coronel del Departamento de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas, ha acudido este miércoles a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil porque la investigación también afecta a un exagente de la UCO.

Se trata de Juan Sánchez Yepes, agente de la Guardia Civil que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa, y que ya ha declarado con anterioridad en otras causas relacionadas con tramas de hidrocarburos como el caso Gaslow. Los investigadores han reclamado información sobre expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas.

El PSOE habla de campaña de linchamiento

Desde el PSOE han reaccionado al registro de la UCO denunciando una campaña de «linchamiento» de la derecha. «El Partido Socialista es distinto y lo hemos demostrado en muchas ocasiones», ha declarado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista de Catalunya Ràdio.

«Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada», ha apuntado.