El juez admite a Vox como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha admitido a Vox como acusación popular en el caso contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado abrió diligencias previas contra la esposa del líder socialista tras la denuncia presentada por Manos Limpias, por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La providencia del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid expresa que se acepta la personación de Vox como acusación popular por haber «recibido en la cuenta de depósitos y consignaciones» el importe de la fianza. «Se tiene por personado y parte» al partido político con sede en la madrileña calle de Bambú después de completar este proceso.

Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, será la encargada de representar jurídicamente a la formación que preside Santiago Abascal. En el procedimiento también aparecerá como acusación particular la organización que denunció los hechos, Manos Limpias.

La decisión del juez Peinado, es decir, la apertura de diligencias previas, contó con la oposición de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal decidió presentar un recurso ante la Audiencia Nacional después de que conociera que el magistrado abriría un procedimiento para investigar los hechos relacionados con la mujer del presidente del Gobierno.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió diligencias previas contra Begoña Gómez para indagar sobre las relaciones empresariales de la esposa del líder socialista con empresas privadas que se vieron beneficiadas por contratos públicos.

Concretamente, Manos Limpias apuntó que se había producido influencia por parte de la mujer del presidente del Gobierno sobre funcionarios públicos para conseguir beneficios económicos para ella o para terceros. Para poder indagar al respecto, citó a varias personas, entre las que estaban los responsables de los medios de comunicación que revelaron las informaciones sobre Begoña Gómez. Esas diligencias de investigación son secretas.

«Valiéndose de su status personal»

El escrito del sindicato de funcionarios públicos acusaba a la mujer del jefe del Ejecutivo de haberse valido de «su status personal de esposa del presidente, ha venido avalando o recomendando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

El sindicato expresó que «las cartas de recomendación y avales de la denunciada dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad».

En todo caso, Miguel Bernard, líder del sindicato, admitió que su escrito se basa en las noticias que publicaron varios medios de comunicación denunciando la situación en la que las empresas privadas consiguieron contratos públicos con la mediación de Begoña Gómez. Y abundó en que la demostración de su veracidad debe ser demostrada por «quienes las publicaron».

Después de eso, varios responsables de esos medios han tenido que presentarse en sede judicial. Allí han ratificado la veracidad de los hechos que se han publicado respecto a Begoña Gómez sobre su relación con las empresas privadas beneficiaras de contratos públicos.

Responsables de dos medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basó la denuncia han ratificado en sede judicial la «veracidad» de sus informaciones.

La apertura de diligencias previas provocó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicara a la ciudadanía a través de una carta publicada en sus redes sociales que se tomaría cinco días para reflexionar si «merecía la pena» seguir como jefe del Ejecutivo.

Al final de ese período de asueto, el líder socialista no renunció a su cargo e incluso se mostró dispuesto a presentarse como cabeza de cartel en las próximas elecciones generales. El presidente del Gobierno decidió seguir «con más fuerza si cabe» en «defensa de la democracia» y después de la «movilización» de parte de las bases socialistas para solicitar su continuidad.