José María Macías: «El Gobierno tiene una concepción no democrática y cesarista del ejercicio del poder»

José María Macías (Barcelona, 1964) es magistrado en excedencia y vocal del bloque conservador en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Licenciado en Derecho, ingresó en 1990 en la carrera judicial, en la que ha ejercido en las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa, siempre en Cataluña. Entre 2002 y 2003 ejerció como director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña. En 2005 solicitó la excedencia en la carrera judicial y se incorporó como socio en el despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira, donde trabaja en la actualidad.

OKDIARIO ha entrevistado al vocal del órgano de gobierno de los jueces, que considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pretende asaltar el Tribunal Constitucional con una ley exprés aprobada con el apoyo de sus socios de Gobierno, tiene una «concepción no democrática y cesarista del ejercicio del poder».

PREGUNTA.– El CGPJ está de actualidad por oponerse a renovar el Tribunal Constitucional en la fecha impuesta por el Gobierno, pero el problema inicial es la no renovación del Consejo. El PP se ha puesto en contacto con el PSOE para solventar el problema pero no ha recibido respuesta. ¿Por qué el Gobierno opta por tener estancado el Poder Judicial y tener atado de pies y manos al CGPJ, al que impide hacer nombramientos? ¿Le compensa?

RESPUESTA.– Yo creo que no. Considero que es por una concepción del ejercicio del poder no democrática, al menos en términos de una democracia liberal, moderna y avanzada. Ésta no sólo consiste en que cada cuatro años los ciudadanos voten, si no en la segmentación del poder para que el poder absoluto no asfixie a los derechos de los ciudadanos. La democracia es contrapesos, contrapoder. Pero, cuando tu concepción de la democracia es que, una vez que has alcanzado el Gobierno, tienes que copar y colonizar absolutamente todo, no tiene nada que ver con una concepción moderna de la democracia al hilo de lo que se nos está reclamando en Europa. Cuando son decisiones irracionales contrarias a la concepción de una democracia liberal y moderna, sólo puedo llegar a asumirla en que quizás radique en una concepción trasnochada y cesarista del poder. Pero, eso ya tendría que elucubrar sobre cuáles son las razones de otros que yo no comparto y, quizás, porque no las comparto se me hace muy difícil entenderlas.

P.– La Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, aprobada por el Gobierno, impide al CGPJ realizar nombramientos mientras esté en funciones. Sin embargo, el Ejecutivo –con un interés particular en renovar el Constitucional– aprobó una reforma exprés que permite al Consejo poder nombrar sólo los dos magistrado del órgano de garantías que tiene pendiente dictar sentencias de gran envergadura como la del aborto, la de la eutanasia o la Ley Celaá. ¿Qué le parece que el Gobierno les impida hacer nombramientos salvo aquellos que les interesa al propio Ejecutivo y cómo calificaría jurídicamente esta ley?

R.– Es cierta la conclusión de «no podemos hacer nombramientos salvo los del Tribunal Constitucional». Pero, resulta mucho más comprensible la trascendencia de lo que esto supone cuando se tiene en cuenta la cronología. Primero, la ley nos prohibió realizar nombramientos incluidos los del Tribunal Constitucional como un mecanismo de secuestro de los derechos de los ciudadanos a que funcione bien la justicia para poder culpar al discrepante en la negociación. Esto es demencial. Es secuestrar los derechos de los ciudadanos para chantajear al otro en una negociación porque políticamente te ves incapaz de convencerlo.

Lo prohibieron todo con una ley inconstitucional porque hay un Poder del Estado que queda descabezado sin que nadie ejerza la función. A saber quién fue la cabeza no pensante a la que se le ocurrió hacer eso, me gustaría conocerlo. Es irracional e inconstitucional, es lo que coloquialmente se dice: pegarse un tiro en el pie. «Te prohíbo que hagas todo incluido lo que me beneficia, es decir, nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional, cuando resulta que para que yo pueda nombrarlos necesito que usted lo haga».

Después de haber hecho esto, imagino que alguien advirtió que el órgano de garantías tiene que renovarse por tercios y que, por tanto, tendría un problema de carácter institucional al no cumplir un requisito fundamental. Entonces, alguien decidió resolver esta estupidez –que sólo puede atribuirse a quien la hizo– y nos dejaron «hacer un poquito». Esto implica un manoseo indecente de la Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de la Constitución y del Estado de Derecho. La decencia y la estética –no quiero entrar en la ética– está perdida por completo. Entonces, a través de una enmienda nos pusieron un plazo. Yo llevo 30 años enseñando Derecho, si un alumno de segundo o primero me hace eso tiene que volver a primero o cambiar de universidad porque conmigo no aprueba.

En conclusión, de que no se renueve el Consejo tiene la culpa la incapacidad de los partidos para llegar a un acuerdo. De que estemos en una anomalía constitucional que impide que un órgano constitucional se sitúe en términos de normalidad, tiene la culpa la incapacidad de los partidos de llegar a un acuerdo. Pero, de que el Tribunal Supremo no tenga los efectivos que ha de tener y de que el Consejo no pueda renovar las vacantes que se están produciendo allí, tiene la culpa una ley patrocinada por el Gobierno que nos impide hacer los nombramientos.