Investigan a funcionarios de la cárcel de Brieva por darle un móvil a Ana Julia Quezada a cambio de sexo

El juzgado número 4 de Ávila investiga este martes si varios trabajadores de la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, tuvieron sexo con Ana Julia Quezada, quien cumple condena por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en el año 2018, a cambio de que ella tuviera acceso a un teléfono móvil. Esto ha causado que dos funcionarios hayan sido apartados de sus puestos en el centro penitenciario.

Esto lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, que ha detallado que los dos trabajadores son «un funcionario y otro personal laboral».

Según los informes recogidos, la condenada por el asesinato del menor habría mantenido relaciones sexuales con múltiples trabajadores de la prisión y con el cocinero. Estos encuentros se habrían grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para que la condenada intentase, posteriormente, «chantajear» a la dirección del centro penitenciario, alegando que había sido víctima de una violación y así conseguir un traslado a Barcelona.

Además, en uno de los informes de la directora de la prisión, Laura Pérez, esta reconoce que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el escrito de la directora.

Ahora, el Juzgado lleva un año investigando un posible delito de cohecho por parte de algunos de estos funcionarios de la cárcel de mujeres en la que se encuentra Ana Julia, según ha avanzado El País.

La madre del niño denuncia la situación

Por su parte, Patricia Ramírez, la madre del niño asesinado por Ana Julia, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles en la que denunciará públicamente una situación de «desamparo, desprotección institucional y judicial».

Durante esta comparecencia, la mujer también hablará de lo que considera una «vulneración de derechos» en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada, y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.

En el mes de junio de 2024, Patricia Ramírez ya denunció de forma pública el intento de firma de un contrato por parte de Quezada con una productora audiovisual interesada en grabar un documental, presuntamente con la intención de venderlo a una plataforma como Netflix.

Ramírez también ha denunciado en varias ocasiones el «dolor añadido» que le ha supuesto conocer que Ana Julia habría intentado justificar su participación en dicho documental para obtener ingresos con los que pagar la responsabilidad civil impuesta por la condena o ayudar a su familia.

En la convocatoria de este miércoles, Patricia Ramírez ha pedido que se evite difundir «detalles escabrosos» sobre el crimen de su hijo.