Interior gasta 2,9 millones para atender a los inmigrantes ilegales de Canarias durante 6 meses

El 16 de noviembre de este año el secretario de Estado para la Seguridad, órgano dependiente del Ministerio de Interior, se dio cuenta de que existía un grave problema en Canarias con los inmigrantes ilegales y que ese problema no sólo iba a tener que atenderlo, sino que también iba a tener que pagarlo. Sorprende que “la declaración de emergencia de la contratación de diversos suministros y servicios de alojamiento, manutención, limpieza y otros con el fin de atender las necesidades producidas como consecuencia de una llegada masiva a las costas de las Islas Canarias de embarcaciones transportando inmigrantes en situación irregular”, no fuera declarada hasta ese día, cuando la situación en el ya famosos muelle de Arguineguín había superado ya desde hacía semanas todas las expectativas.

El caso es que el documento firmado por el secretario de Estado Rafael Pérez Ruiz, al que ha tenido acceso este periódico, ya tasaba en el mes de noviembre el coste económico de la atención a todas aquellas personas que estaban llegando al archipiélago canario: 2.948.000 euros. Esa es la cifra exacta que puede leerse en el contrato firmado entre Interior y una empresa de productos alimenticios domiciliada en la Comunidad de Madrid.

En ese mismo contrato se especificó la cantidad económica que supondría la contratación exclusivamente de productos alimenticios para las personas que debían ser atendidas en las Islas Canarias después de haber sido rescatadas en el mar a bordo de pateras o cayucos. El documento oficial refleja 600.000 euros de gasto máximo para atender las necesidades alimenticias de los inmigrantes ilegales, cifra que al final ha quedado en 582.524,27 euros bajo el epígrafe “Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines”.

Ocho euros al día

Según el desglose económico propuesto por Interior, la empresa alimentaria debe ceñirse a unos precios tremendamente ajustados en lo que a comida se refiere, ya que pormenoriza muy claramente el gasto diario que debe dedicarse por persona y comida: dos euros para el desayuno y tres euros para la comida y otros tres para la cena. En total la empresa debe dedicar ocho euros al día a alimentar a cada inmigrante ilegal. Las cifras no incluyen el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Según los datos del contrato cada persona beneficiaria de esos menús debería poder ingerir 2.200 calorías al día repartidas en tres comidas, con una composición de ingestas también desglosada al detalle en el contrato. Así, los dos euros dedicados al desayuno se reparten entre un brick de zumo, un paquete de cinco galletas y una bolsa de cacahuetes. El precio también debe cubrir el coste de una bandeja, una toallita envasada y la caja de embalaje.

En la segunda de las comidas, el contratista se compromete a incluir en el menú otra bolsa de cacahuetes, una ración de ensalada de alubias con pavo, dulce de membrillo y dos galletas, además de un vaso y cubiertos de plástico. Para la cena el menú es idéntico al de la comida a excepción del plato principal, que en este caso es una ensalada de quinoa con verduras.

La Secretaría de Estado concede en una de las cláusulas que pueden darse circunstancias sobrevenidas por las que el proveedor deba cambiar las composiciones de los menús, pero deja muy claro que eso puede ocurrir “sin que afecte a la calidad nutricional y en ningún caso suponga un incremento de los precios determinados en la cláusula segunda”. De los 8 euros al día por inmigrante ilegal no se puede exceder bajo ningún concepto.

Seis meses

Pero además de los detalles económicos y nutricionales, este contrato tiene un dato extremadamente revelador: el plazo. Según consta en las especificaciones la duración del contrato no excederá los 6 meses de duración, aunque no se menciona si puede o no haber prórroga del mismo. De hecho, la empresa adjudicataria de este contrato negociado sin publicidad, o sea, a dedo, se ha llevado a cabo con una empresa que ya ha servido en otros contratos al Gobierno, por lo que una adenda a este contrato sería a priori sencillo de ejecutar.

Lo que está claro es que en el horizonte de la gestión de la crisis migratoria se sitúa que hasta primavera la situación en Canarias persistirá. De hecho, en la actualidad, y tras la llegada de unas 20.000 personas a Canarias, las estimaciones apuntan a que en la actualidad puede haber entre 7.000 y 9.000 inmigrantes ilegales a los que el Gobierno de España tiene que mantener. Sólo cuando esta crisis acabe podrá saberse al detalle el coste económico que esta situación ha generado al Estado que no solo ha tenido que mantener a 20.000 personas sin recursos llegadas a las islas, sino costear también todos los recursos que se han tenido que emplear para gestionar su estancia.