Juicio al 'procés'

El ‘intercesor’ Urkullu que no pudo evitar el «estado de excepción» en Cataluña

Los interrogatorios de los testigos citados por la partes están poniendo de manifiesto cómo, en los procedimientos judiciales, el alegato político tiene su recorrido limitado a los aspavientos de los acusados y sus mensajes ideologizados.

María Jamardo en el Tribunal Supremo

Pidieron los líderes independentistas catalanes a Urkullu que intercediese por ellos ante Rajoy. Algo de experiencia religiosa tiene esto del procés porque ciertamente habría sido un milagro que, saltándose la ley como lo hicieron, hubieran podido salvar el escollo de las responsabilidades penales a las que ahora se enfrentan.

El lehendakari vasco ha venido a confirmar la mayor de Rajoy cuando aseguró que jamás su Gobierno negoció nada que tuviese que ver con pactar un referéndum de autodeterminación de Cataluña. En esto del independentismo los vascos siempre han sido mucho más prácticos, sin duda. Su ‘hoja de ruta’ ha estado, está y estará siempre clara: concierto fiscal.

Si algo ha dejado claro Urkullu en el Supremo es cómo sus gestiones de "distensión" cual "enlace" entre un Gobierno de España y una Generalitat, instalados "en un bloqueo absoluto", nunca aspiraron a exceder de aquello que podían entenderse sus competencias políticas y los límites de la ley. Hablar, sí, con Rajoy y con Soraya, pero nunca en términos de "autodeterminación de Cataluña" ni de "referéndum pactado".

Ni Rajoy estaba predispuesto a aplicar el 155 ni Puigdemont preveía declarar la DUI, según Urkullu

Urkullu tiene la "intuición" de que ni Mariano Rajoy "estaba predispuesto a la aplicación del 155" -aunque el expresidente nunca llegó a confirmar de manera taxativa que renunciaba al mismo- ni Carles Puigdemont quería "en modo alguno" declarar unilateralmente la independencia. Pero las "presiones" de la CUP sobre el Govern para que no convocara unas elecciones autonómicas "acordadas" por los catalanes el 25 de octubre de 2017 (confirma el lehendakari la versión del ex consejero Santi Vila) abocaron a ello. "Puigdemont me comunicó, lamentándolo mucho, que no podía proceder a la convocatoria de elecciones porque las personas que se concentraban en la plaza Sant Jaume se les estaban rebelando" y desde su formación política también le estaban apretando, narra Urkullu.

Les ha hecho un flaco favor a las defensas de los catalanes citar al lehendakari vasco. En qué hora, ha debido pensar esta mañana el abogado de Jordi Cuixart, Francesc Homs, directamente responsable de su presencia en la sala. Si alguien esperaba que confirmase algún tipo de relación bilateral entre ambos gobiernos y que sobre la mesa existió una negociación, Urkullu ha venido a refrendar a un Rajoy que siempre mantuvo "una actitud de escucha activa, de atención e incluso de repuesta a las cuestiones", pero que se mostró "renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que se ese diálogo era una negociación que traspasara los límites de la Constitución". Lapidario.

El tribunal ha fijado un criterio estricto en la práctica de la prueba testifical e impedido que la sala sea un circo parlamentario

Y es que la fase de interrogatorio a los testigos citados por el tribunal, a petición de las partes, está poniendo de manifiesto cómo la obligación legal de decir verdad de los mismos deja poco espacio al artificio político. El tribunal, presidido por el juez Marchena, ha conseguido evitar que los alegatos ideológicos de los terceros que tienen que hablar sobre los hechos ocurridos y enjuiciados en el procedimiento, hagan acto de presencia en la sala, neutralizados al mínimo. Ha dejado claro el magistrado en no pocas ocasiones cómo los cauces tasados, y no por ello menos democráticos o garantistas, de un juicio poco tienen que ver con los márgenes de dislate parlamentario y las payasadas varias. Que se lo digan si no a Rufián.

El "no independentismo" de Colau

Confirma Ada Colau que ella no es independentista pero que su Ayuntamiento apoyó el "paro de país" del 3 de octubre. Y se explica: "Había una sensación de dolor y de indignación democrática tan amplias que fuimos todas las instituciones en Cataluña y toda la sociedad civil". Colau tira de esa veta activista que la llevó a regir la Ciudad Condal y define lo ocurrido como una "protesta democrática" que nada tenía que ver con la independencia. El paro fue "convocado por todo el mundo" porque generó un enorme consenso.

Días antes ella misma acudió a votar "como ciudadana y como madre escolar" al colegio de sus hijos en el referéndum del 1-O. Debió ser para votar no. Pero eviten tratar de explicar, desde la razón, cómo alguien que se declara no independentista puede llamar a la participación en un show que impulsa exactamente a lo contrario. Quédense con lo políticamente relevante en virtud de su posición: las llamadas que efectuó al delegado del Gobierno para detener "las cargas". Las policiales, se sobreentiende.

Colau recuerda como un "estado de excepción" en Cataluña lo ocurrido en Cataluña el 20 de septiembre de 2017

"Las imágenes de las cargas eran brutales y tuve que actuar como alcaldesa. Llamé al delegado del Gobierno, Enric Millo, y le exigí que pararan las cargas policiales. Finalmente pararon por la tarde. Pero el hecho era muy grave. Hubo unos 1.000 heridos", defiende con épica Colau.

La misma que utiliza para describir el "estado de excepción" que se vivió en Cataluña, a partir del 20 de septiembre de 2017, consecuencia de las detenciones de altos cargos de la Generalitat y los registros de las comisiones judiciales en edificios institucionales y en la sede de la CUP. La misma que evoca para defender la injusticia de la prisión provisional de Jordi Cuixart ante el tribunal porque "si él está aquí por lo ocurrido el 1-O, también deberíamos estarlo millones de personas". Olvida Colau, no sé si por ignorancia o deliberadamente, que el presidente de Òmnium Cultural está acusado de rebelión por los hechos "violentos y tumultuarios" del 20S. Qué más da.

Defensa cerrada de Zoido a lo policial

Violencia que, en ningún caso existió por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como ha defendido el ex ministro de Interior en el día de autos, Juan Ignacio Zoido. O al menos cómo si ésta existió fue en todo caso "racional y proporcionada" y siempre motivada por la orden judicial que otorgó a los agentes policiales el cometido de "incautar el material del 1-O, impedir la celebración del referéndum y clausurar el local correspondiente ", sin que se tuviera que "detener a nadie".

Y ello pese a que en muchos colegios "hubo una resistencia activa y organizada, que opuso mucha resistencia para impedir que las fuerzas de seguridad cumplieran con su obligación". Zoido enarbola una defensa férrea y cerrada –alejada de todo detalle sobre el operativo policial que no diseñó- sobre la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "como profesionales de probada capacidad" están preparados para actuar con criterio "en cualquier tipo de circunstancias", incluso cuando son "atacados y perseguidos", apunta al término de su intervención.

 

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