Los independentistas necesitaban 35.000 millones para proclamar la república y sólo tenían 15.000

Pere Aragones
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, su vicepresidente, Pere Aragonès, y la portavoz del Govern, Elsa Artadi. (Foto: AFP)

La deuda pública podía llegar a los 202.000 millones de euros

Los Mossos asumirían todas las competencias que actualmente se reparten la Guardia Civil y la Policía Naciona

El Gobierno de Puigdemont en Cataluña encomendó al actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el desarrollo de cuatro proyectos claves para la nueva República catalana entre ellos su sostenibilidad económica, que habían estimado en una cantidad inicial de 35.000 millones de euros aún reconociendo que únicamente podrían recaudar 15.000 millones.

Así se señala en un informe policial que obra en el sumario en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga la organización del referéndum independentista del 1-O, al que ha tenido acceso a Europa Press, que analiza diversa documentación encontrada en los registros realizados el 20 de septiembre de 2017 en el despacho del entonces secretario de Hacienda Lluís Salvadó. Los papeles fueron encontrados en una papelera y parte de ellos se intentaron destruir, por lo que han tenido que ser reconstruidos por los investigadores.

Banco Central catalán

Según esta documentación, Aragonés era el que debía llevar a cabo varios proyectos económicos clave para el nuevo Estado catalán, en concreto la sostenibilidad económica, el Banco Central, la autoridad catalana de Inversiones y Mercados y la autoridad catalana de la Competencia.

En el marco de estos encargos, el actual vicepresidente participó en viajes a Irlanda, Londres y Eslovenia "para explicar el contexto político de Cataluña, la hoja de ruta y los distintos escenarios económicos" que los separatistas contemplaban. Aragonés conocía además, según la policía judicial, el programa de visitantes internacionales que colaboraban con el Diplocat.

Respecto a las estructuras del Estado, según añade el informe, Salvadó disponía de documentación relacionada con los presupuestos de un hipotético Estado catalán, así como los planes de tesorería y los presupuestos de la Seguridad Social.

Deuda pública

Además, trabajaba en el desarrollo de un fondo de garantía de depósitos que, partiendo de los 270,31 millones de euros tendría que irse incrementando hasta alcanzar los 1.642,03 millones de euros y del Banco Central Catalán, que bajo la hipótesis de que Cataluña se mantendría en el eurosistema calculaba que debía partir de un capital inicial de 350 millones de euros.

Según las estimaciones presupuestarias de Salvadó, la Cataluña independiente dispondría de un superávit económico de entre 2 y 3 millones de euros, si bien el exsecretario autonómico de Hacienda reconoce que la deuda pública ascendería a entre 176.000 y 202.000 millones de euros.

"Ello sin mencionar, en ningún caso, la posible inseguridad jurídica que podría llevar a la una fuga de inversiones, capitales y empresas que, en caso de producirse, deteriorarían enormemente aquellas estimaciones", valora el informe.

Los planes por escrito que Salvadó ocultaba en su despacho hablan de cuatro fases para llegar a la indepencia, denominadas noche electoral del referéndum, recuento y proclamación formal acompañada de gestos simbólicos, transitoriedad jurídica, sucesión de ordenamientos, decretos ley urgentes y proceso constituyente de transición.

Nueva competencias

La documentación también delata que Salvadó estaba al corriente del desarrollo de otras "estructuras de Estado sensibles" como las de Seguridad y Justicia. Según los investigadores, Salvadó sabía que se iba a planear crear unidades de Mossos d’Esquadra encargadas de fronteras, identidad, infraestructuras críticas y sistema nacional de inteligencia.

En materia de aduanas, los investigadores apuntan que Salvadó pretendía diseñar una unidad de Mossos "que asumiese todas las competencias que actualmente se reparten la Guardia Civil y la Policía Nacional", que iba a depender de la Agencia Catalana de Comercio Exterior y Aduanas.

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