Igualdad acusa a los jueces de crear «inseguridad» a las víctimas por las excarcelaciones «sorpresivas»

La «solución» del Ministerio de Igualdad para tratar de remediar las consecuencias de su Ley del sólo sí es sí -ya van más de 200 rebajas de condena y 19 excarcelaciones- consiste en instalar pulseras telemáticas a las víctimas de los agresores excarcelados. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha remitido una instrucción para que se pongan estos dispositivos a disposición de las mujeres cuyos violadores salgan de prisión, beneficiados por la norma de Irene Montero. En el oficio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, además de reclamar la medida, se acusa a los jueces de generar una «acusada percepción de inseguridad» a las víctimas con las revisiones de condena y excarcelaciones «sorpresivas o imprevistas». La orden ha sido remitida al centro encargado de gestionar las alertas (COMETA), a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los dispositivos de control telemático están inicialmente destinados a las mujeres víctimas de la violencia de género, aunque Igualdad pretende ahora que se apliquen también para casos de agresiones sexuales. Su instalación debe ser aprobada por el juez. El centro COMETA atiende las alertas producidas por el sistema y se comunica con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de ser necesario.

Igualdad no tenía prevista la entrega de estos dispositivos a víctimas de violencias sexuales hasta, al menos, febrero de 2024, cuando debía resolverse su licitación. Sin embargo, las circunstancias extraordinarias provocadas por la Ley del sólo sí es sí han llevado al Ministerio a reclamar que se pongan los dispositivos ya existentes a «inmediata disposición» de las mujeres afectadas por la salida de sus violadores de la cárcel, gracias a la ley de Montero.

Contra los jueces

La ministra de Igualdad ha evitado cualquier autocrítica por el fracaso de su norma, que se niega a rectificar. Y en la instrucción remitida por Victoria Rosell incluso se señala a los jueces como los culpables de la «acusada percepción de inseguridad» que sufren las víctimas.