El hijo de Bárcenas solicita al juez personarse como perjudicado en ‘Kitchen’

El hijo del ex tesorero popular, Guillermo ‘Willy’ Bárcenas, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón personase como perjudicado en el caso Villarejo por el operativo policial, conocido como operación Kitchen, montado presuntamente para robar a Luis Bárcenas información sensible  que perjudicaban a Javier Arenas, vicesecretario general del Partido Popular; a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y a la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

El líder del grupo musical Taburete  presentó ayer martes un escrito ante el Juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pidiendo que el magistrado le admita como perjudicado en esta pieza separada número de la macrocausa que tiene principal investigado al comisario José Manuel Villarejo.

La operación Kitchen, desvelada por OKDIARIO, se desarrolló entre los años 2013 y 2015 mientras que el ex tesorero popular se encontraba en la cárcel de Soto del Real por el caso Gürtel. El Gobierno, durante la época de Mariano Rajoy, solicitó al Ministerio del Interior, entonces bajo el mando de Jorge Fernández Díaz, la puesta en marcha de un operativo policial para rescatar los documentos confidenciales del partido porque podían ser utilizados por Bárcenas para presionar y chantajear al entonces presidente del Gobierno.

La operación policial para recuperar los documentos de Bárcenas fue dirigida en todo momento, según fuentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), por los comisarios José Villarejo, entonces adscrito a la Dirección General de la Policía, y Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información. Ambos montaron un importante dispositivo para recuperar la documentación en poder del ex tesorero.

Confidentes 

Los policías utilizaron hasta cinco confidentes que recibieron dinero procedente de los fondos reservados, partida presupuestaria destinada a combatir el crimen organizado y el terrorismo, para espiar al ex tesorero del PP y a su familia. Estos fueron el chófer Sergio Ríos, un preso, un amigo íntimo de Bárcenas y un empresario.

El infiltrado más importante de la operación era el conductor Sergio Ríos, de ahí que fuera compensado con un salario fijo de 48.000 euros durante dos años y con una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía, según la investigación judicial. Villarejo era quien pagaba en mano al chófer de Bárcenas con el dinero de los fondos reservados que le facilitaban sus superiores. Pero todas las autorizaciones pasaron presuntamente por la mesa de Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía. Sobre todo porque eran decisiones de tal calado que requerían el visto bueno del jefe del departamento. Tanto es así que el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino ha asegurado este lunes ante el juez García-Castellón que el ex senador Cosidó estaba al tanto de la operación porque «él mismo le había informado sobre el espionaje a Bárcenas».

Falso cura 

Con el objetivo de recuperar tres pendrives con información sensible del Partido Popular, el Ministerio del Interior presuntamente pactó con el delincuente Enrique Olivares el pago de 50.000 euros de fondos reservados por secuestrar en octubre de 2013 a la familia Bárcenas. Según había informado el chófer Sergio Ríos, los soportes informáticos los guardaba el ex tesorero en su domicilio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid.

Fuentes policiales, que conocieron de cerca la operación policial, aseguraron a OKDIARIO que, para ejecutar el asalto a la vivienda, los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos del Ministerio de Interior. Además, le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito: si recuperaba los documentos internos del PP.

El juez quiso tomar declaración al delincuente Enrique Olivares, quien sufrió un ictus en 2018 y vio mermadas seriamente sus capacidades físicas y psíquicas, pero el forense determinó que no estaba en condiciones de salud. El falso cura cumple una condena de 22 años de cárcel por el secuestro de Rosalía Iglesias, Guillermo Bárcenas y la empleada del hogar Victoria Feliz de la Cruz.

Además del ex comisario José Villarejo, en este procedimiento están imputados ex dirigentes políticos como el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces segundo, Francisco Martínez; y varios miembros de la antigua cúpula policial como el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tiene sobre la mesa la posible imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y la de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Los fiscales anticorrupción solicitaron en septiembre que se citada a la ex presidenta de Castilla-La Mancha y a su pareja en calidad de investigados.