«Hay miedo en la sociedad catalana y una gran mayoría nos hemos sentido abandonados»

José Domingo (San Cugat del Vallés, Barcelona, 1959) es vicepresidente de Sociedad Cívica Catalana, una de las asociaciones creadas por la ciudadanía de Cataluña para luchar contra el nacionalismo y el independentismo.

Domingo es miembro de la Asociación por la Tolerancia y presidente de la asociación Impulso Ciudadano, que promueve como objetivo fundamental una visión de España cohesionada y al servicio de los derechos de los ciudadanos, mediante la defensa del pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural de España y de los valores de la Constitución española de 1978. OKDIARIO le plantea algunas cuestiones de actualidad ante el desafío separatista que vive nuestro país.

Pregunta.-¿Va a a celebrarse ese referéndum ilegal?

Respuesta.- “Esperamos que no. Primero, porque las autoridades catalanas desistan tras la advertencia del TC y las actuaciones judiciales que ya se han iniciado. Confiamos en que se imponga el sentido común y que no obliguen a la ciudadanía bajo esa tensión. Y segundo, porque si las autoridades independentistas deciden seguir adelante, el Gobierno de la nación y sus instituciones han de evitar anticipadamente la comisión de ese delito y no esperar al 1-O”.

P.-¿Guarda alguna similitud con los golpes fallidos del separatismo catalán en 1931 y 1934?

R.-«Sí existen ciertas semejanzas y fundamentalmente con el marco de 1934 y lo que hizo Companys, porque las autoridades catalanas han decidido desoír de una manera flagrante el ordenamiento jurídico vigente en España y del que emanan sus poderes. Y como en en aquella ocasión están promoviendo una insurrección que está en marcha».

P.- ¿La Generalitat y los partidos independentistas están animando a cometer un delito?

R.-“Ya se ha valorado su actuación como un golpe de Estado. Y desde el momento que se está invitado a ayuntamientos y población a que participen en actos que son ilegales, y en la medida en que el referéndum no se puede hacer según han dejado claro el TC y otros tribunales, sin duda: se les está animando a que cometan un delito»

P.-¿Qué debe hacer el Gobierno? ¿Es partidario de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la disolución del Parlamento y de nuevas elecciones?

R.- «Es el Gobierno quien debe valorarlo y no las asociaciones civiles, porque es su deber, tiene expertos y además las atribuciones y recursos para ello. Pero es evidente que estamos frente a autoridades profundamente desleales y que han promovido leyes insurreccionales, con su presidente a la cabeza. Y que se debe actuar con firmeza. No sé si el 155, la Ley de Seguridad Nacional u otras medidas, pero exigimos que el Gobierno y las instituciones actúen antes del 1-O para que no se someta a una situación tensional y delictiva como la que están preparando».

P.-¿Por qué calla la gente contraria al proceso independentista?

R.-“Porque hay una campaña destinada a amedrentar al disidente. Por parte de partidos políticos y el Gobierno catalán, invitando como en los últimos días a señalar a los que no están a favor del referéndum. Se han elaborado listas de personas afectas y desafectas, incluso un conseller el otro día se atrevió a decir ¡que hay que dividir entre que quieren votar y los que lo quieren prohibir!. El presidente Puigdemont también ha llamado a señalar alcaldes que no quieran ceder locales al 1-O. Las esteladas en ayuntamientos y colegios ya no son excepcionales… Todo eso contribuye a crear un clima social de coacción y falta de libertad y en ese entorno es muy difícil manifestarse de una manera clara y abierta».

P.-‘No tinc por’ se dijo el 17-A tras los atentados. ¿Pero tiene miedo la sociedad catalana que no es separatista?

R.-“ Sí. Hay miedo. Por tantos años de esa estrategia perfectamente diseñada en Cataluña para el aplastamiento del disidente. Eso condiciona la expresión pública. Sí, la sociedad catalana que opina distinto y que no es independentista tiene miedo: en muchos casos a expresarse directamente, y, en otros, a tener que hacerlo con una excesiva cautela ”.

P.- ¿El Estado ha hecho dejación de sus funciones?

R.-«No sé si dejación, pero nos hemos sentido abandonados durante mucho tiempo. Y hablo de una mayoría de catalanes que no estamos a favor de la independencia. Son el Gobierno de España y las instituciones los que deben amparar los derechos y proteger a los ciudadanos. A ellos les corresponde enfrentarse a autoridades que incumplen la ley y que disponen de un gran poder como la Generalitat y los ayuntamientos, y no a los ciudadanos».

P. ¿Qué ha echado en falta por parte del Gobierno?

R.-«Creo que por parte de las instituciones del Estado ha faltado comprensión del fenómeno catalán en su integridad, para todos los catalanes, entre los que hay una mayoría social que no es independentista. No se ha hecho una política, ni con Mariano Rajoy ni con los anteriores Gobiernos, para contentar al conjunto de los catalanes, sino sólo a la parte que quiere la independencia. Con más autogobierno, más importancia a temas identitarios… Y a lo mejor la solución, que sólo se ha pensado para ese sector, era la contraria. Se ha equiparado Cataluña con independencia y es un error.»

P.- ¿Qué función ha desempeñado la televisión autonómica, TV3?

«Se ha convertido en una TV de los movimientos independentistas y en uno de los impulsores del proceso con sus retransmisiones, sus programas de agitación, con presentadores-pregoneros de la causa secesionista, o incluso la emisión de películas para favorecer un determinado tono épico. Si alguien viese solamente esa televisión llegaría a la conclusión de que Cataluña es eso, y no es verdad. Y desde las televisiones del resto de España se podría haber hecho mucho más porque se ha mirado en muchas ocasiones a otro lado».

P.-¿Si hay 1-O, denunciarán a Puigdemont para que que se devuelva el dinero público de la consulta como hizo SCC  hace tres meses con el 9-N?

R-«No creo que sea necesario porque ya hay precedentes y la Abogacía del Estado ha comparecido. Es ella o la Fiscalía los que han de ejercer las acciones de responsabilidad contable por posible malversación, no las asociaciones cívicas ya que son acciones siempre muy costosas y el Estado no debe trasladar esa carga a los ciudadanos».