Hacienda desvela al juez que el Govern controló 4.000 millones públicos en pleno golpe

Hacienda ha desvelado al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer que investiga el 1-O que el Govern controló 4.000 millones en créditos públicos en pleno golpe. No se trata de partidas procedentes del sistema de financiación autonómico, ni del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pero sí de sistemas de financiación propios regionales obtenidos por medio del acceso directo a créditos de entidades financieras. Y “el nivel de disposición medio de las líneas [de crédito] a corto plazo de la Comunidad Autónoma de Cataluña está en el entorno de 4.000 millones de euros” señala el informe remitido por la propia Secretaría de Estado de Hacienda al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El informe puntualiza un dato decisivo. En estos momentos se está investigando el uso de fondos públicos por parte del Govern con destino a la financiación del golpe del 1-O. En esa investigación hay un dato clave para comprobar el desvío de fondos: el hecho de que se trate de partidas finalistas o no. Es decir, que se trate de partidas que se asignan a un gasto obligatoriamente y se abonan contra la entrega de una factura que demuestra que realmente se ha destinado a ese fin, o no. Pues bien, en el caso concreto de este volumen de 4.000 millones de créditos “procedentes del mercado”, el propio informe de Hacienda puntualiza que se trata de una financiación que “en principio, no tiene por qué ser finalista”.

Préstamos de entidades financieras

Este partida “estaría constituida por los préstamos de entidades financieras”, aclara la Secretaría de Estado de Hacienda al juez -tal como se puede leer en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO-. No se trata de una financiación totalmente descontrolada, pero sí, ausente de la imperatividad de una partida finalista porque su renovación la gestiona directamente la Generalitat: “Al estar integrada en el FLA, Cataluña sólo ha formalizado durante 2017 operaciones de endeudamiento a corto plazo para renovar las pólizas de crédito existentes y cubrir sus desfases transitorios de tesorería”, aclara el informe. Pero, efectivamente ese margen de control habría quedado en manos del Govern hasta el momento en el que Hacienda decidió intervenir por completo los movimientos económicos de la Generalitat.

No se trata del primer informe trasladado por el Ministerio de Hacienda al juez sobre la estructura financiera del Govern y dentro de la investigación de los fondos que han pagado el golpe separatista. En un informe previo adelantado por este diario, Hacienda desveló que el 80% de los fondos de la Generalitat –ingresos no financieros– proceden del sistema nacional. El juez del Juzgado número 13 de Barcelona había reclamado a la Secretaría de Estado de Hacienda la aclaración de los recursos recibidos por la Generalitat de manos de los sistemas nacionales de reparto de ingresos para valorar hasta qué punto ha podido utilizar el Govern golpista recursos públicos en la preparación y desarrollo del golpe separatista.

Los datos remitidos por el Ministerio revelaron que las “entregas a cuenta a Cataluña en virtud del Sistema de Financiación Autonómico” ascienden a cierre de 2017 a “14.046,48 millones de euros”.

“Durante 2017 el Fondo de Liquidez Autonómica [FLA] ha supuesto 7.757,2 millones de euros, lo que supone que Cataluña recibe un 27,82% de los recursos asignados hasta la fecha” con cargo a 2017.

Más recursos que impuestos recaudados

Pero quizás lo más revelador es el peso que esas cantidades suponen con respecto a los ingresos recaudados por impuestos propios en Cataluña. Y es que el peso de los recursos que tienen como origen el sistema nacional de reparto de fondos entre autonomías y el rescate a las comunidades con problemas (el FLA) asciende a, “77,6% en 2016 y al 78,7% en 2017”. Es decir, que Cataluña dependen en ocho de cada diez euros del sistema nacional. Ese dato revela el porcentaje en “ingresos no financieros”, pero es que, incluso calculándolo sobre los ingresos totales, el porcentaje no baja demasiado: queda en el 60,7% de todos los ingresos, incluidos los financieros.

Es más, en años puntuales, por juntarse los anticipos a cuenta del Estado y las liquidaciones definitivas del sistema nacional, la ayuda se dispara –como ha ocurrido, de hecho, en 2017– y alcanza techos de “18.717,51 millones de euros, cifra superior, además, a los 18.593,34 millones previstos por la comunidad en su presupuesto”, como señala el informe de Hacienda remitido a la Justicia que investiga el 1-O y la posible utilización de fondos públicos.

El Ministerio Fiscal, de hecho, ya ha aclarado judicialmente y ante el mismo Juzgado de Instrucción que “dentro de los hechos que pueden englobar el delito de malversación de caudales públicos se ha de tener en cuenta que los presuntos fondos malversados y no destinados a su finalidad legítima, por cuanto hayan podido ser destinados al pago de la realización de un referéndum que había sido suspendido y posteriormente declarada inconstitucional, entre otros, si bien son fondos que sean gestionados por parte de la comunidad autónoma, los mismos tienen diversos orígenes“. Y esos orígenes pueden haber sido públicos.

El fiscal aclara expresamente que esos fondos pueden proceder de “recursos propios, como también recaudación de impuestos estatales cedidos total o parcialmente y fondos provenientes del Estado cuyo origen son los fondos de liquidación autonómica“.

Lo elevado del porcentaje de dependencia de la Generalitat de los recursos públicos nacionales apuntala este temor a que hayan sido utilizados fondos públicos.