La Generalitat vuelve a negar a la Justicia y a Hacienda datos sobre el gasto público destinado al 1-O

La Generalitat ha remitido al Ministerio de Hacienda parte de la información solicitada por imperativo judicial hace más de un mes. Pero, una vez más, Hacienda y la Justicia se han vuelto a encontrar con que el envío incluye una parte importante de omisión, más que de información sobre los contratos y pagos realizados con dinero público que, desde 2015, han podido tener como fin la financiación del 1-O.

El Departamento de Economía de la Generalitat aseguró a principios de esta semana que ya había trasladado el informe con todos los datos requeridos antes del plazo límite que había marcado el Ministerio. Un plazo que expiraba el 12 de marzo. Pero olvidó aclarar que una parte importante de esos requerimientos de información habían sido contestados, una vez más, con “no hay constancia” o “no existen” las facturas solicitadas.

El equipo jurídico del Ministerio analiza en estos momentos la información remitida. Pero la sensación entre los responsables judiciales conocedores del caso es que buena parte de esos justificantes pueden haber sido eliminados.

Los datos reclamados por la Justicia y Hacienda hacían referencia a ayudas y pagos firmados y materializados dentro de «su actividad ordinaria» por las 180 empresas que forman parte del sector público catalán, y que integra igualmente todas las entidades y empresas públicas, así como los departamentos de la Generalitat al completo.

Inserciones de publicidad, subvenciones, patrocinios, contratos, etc. Todo lo que hubiese tenido una posible relación con la promoción del golpe separatista debía ser comunicado y justificado documental. Y no ha sido así por mucho que desde la Generalitat y en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución sigan afirmando que sí desde la Administración catalana.

Entre la información que se solicitaba en ese requerimiento se encontraban los pagos realizados a Mediapro, a Editorial Alpha y a la revista Sàpiens, entre otros. Además, se requería información sobre la sociedad Ara Llibres y Edició de Premsa Periódico Ara.

Pero la actitud de la Generalitat y, en concreto, de la interventora catalana que debía enviar esta información esta terminando de cansar ya a la Justicia. Y es que el juez, como adelantó OKDIARIO, ha ordenado ya que se “investiguen” todas las “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos” de la “actual interventora [Rosa Vidal] durante los años 2016 y 2017”.

El juez harto de las excusas

El juez se ha cansado del tira y afloja. Y tras recibir informes múltiples de la Guardia Civil quejándose de la falta de colaboración de la Generalitat en el envío de datos, tomó la decisión de abrir en canal las cuentas de la Generalitat y de someter a una investigación profunda todas y cada una de los “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos sobre documentos en papel y de forma electrónica” realizados por Rosa Vidal.

Los datos obtenidos de esa investigación serán cruzados con los datos de los desembolsos reales efectuados por la Generalitat y por el resto de asociaciones, entidades o personas físicas “relacionadas” con el golpe del 1-O. Y del resultado de ese cruce de datos podrá salir, no sólo la verdad sobre el uso de fondos públicos y procedentes del Estado, sino también la responsabilidad que hayan podido tener en ese gasto ilegal los miembros del Govern, sino también la propia interventora cuya obligación es impedir el gasto en fines distintos a los aprobados y, aún más, si se trata de desembolsos ilegales.

La decisión procedió del mismo juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que remitió un reciente escrito en el que consideraba abiertamente que el referéndum ilegal del 1-O fue financiado con recursos públicos. Ahora, este mismo juez ha puesto en duda todo el esquema de control de la interventora catalana porque ha estado semanas enteras contestando con negativas a las peticiones de datos contables del juez porque, según ella, no existían ningún asiento contable relacionado con el 1-O.

La propia Guardia Civil ha dejado constancia por escrito ante el juez del bloqueo de información y la falta de colaboración a la que les ha tenido sometidos la Generalitat pese a estar en pleno 155. La queja llegó a tal punto que el juez pidió a los Ministerios de Economía y Hacienda que tomasen cartas en el asunto y asumiesen ellos las órdenes de lograr los datos, mandato que han trasladado ya a los responsables en la Generalitat.