Vara quiere bloquear la nuclear de Almaraz con una ley que invade el poder municipal

La norma presentada por el gobierno autonómico de Guillermo Fernández-Vara se presenta como una supuesta ley para lograr una Administración más ágil en Extremadura. Pero lo cierto es que le confiere poderes para beneficiar a las empresas y proyectos que Fernández-Vara decida, por encima de cualquier normativa actual. Y el plan de Vara es ir bloqueando las infraestructuras necesarias de la central por medio de invadir competencias y asignar otros proyectos como prioritarios. El plan se completa con la paralización de los almacenes temporales de residuos, con lo que la viabilidad de la central nuclear se verá bombardeada.

La ley permite vulnerar las legítimas competencias de las administraciones locales y beneficiar otros intereses privados. Y desde el PP, José Antonio Monago no ha tardado en señalar que el objetivo final es acelerar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

La ley permite impulsar determinadas actividades empresariales por supuesto “interés autonómico”, sin que ninguna institución o poder público pueda impedirlo.

Los artículos 3.2 y 4.2 del texto de esta ley otorgan ese poder. Y el plan escondido detrás de esta capacidad es el de instalar fotovoltaicas que van a ser declaradas como Proyectos Empresariales de Interés Regional, pero justo, para que se aprovechen de las infraestructuras necesarias para que funcione la Central de Almaraz. Fernández Vara, además, mantiene bloqueado, con alegaciones, el desarrollo del nuevo almacén temporal de residuos que garantizaba la operatividad de Almaraz.

Monago la denomina ya como la ‘Ley Vara de Minas y Favores Fotovoltaicos’ y asegura que “si no se frena, generará problemas e irá camino del Tribunal Constitucional, para que haya otro Valdecañas”.
La ley permite invadir competencias de los ayuntamientos, puesto que habilita a la Junta a modificar, por ejemplo, el planteamiento urbanístico de todos los ayuntamientos extremeños. Otro de los primeros proyectos puede ser, por ejemplo, el de Cáceres, para instalar la mina de litio que había negociado el consejero Navarro.

La ley modifica, además, los criterios para conceder las subvenciones ya reguladas, habilitando a la Junta, concretamente a Vara que preside el Consejo de Gobierno, a arrogarse el derecho a conceder subvenciones directas por encima de la ley, ampliando además el importe subvencionable de 60.000 a 600.000 euros.

El presidente de la Junta admite que la central de Almaraz continuará su actividad más allá de 2020 y que no cerrará antes de 2025. Pero la solución no le convence y, por ello, quiere proyectos «energéticos e industriales», para apoyar la construcción de grandes plantas de renovables en el entorno de Almaraz aprovechando la capacidad de evacuación de la red eléctrica de la zona.