Guardias civiles se manifiestan contra el reparto del dinero para la equiparación salarial

En la protesta, AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UnionGC y APC han pedido la dimisión del director general por entender que se ha plegado a los intereses de la Policía Nacional. APROGC también ha pedido la dimisión después de que se estableciera en 2018 un reparto de 59% frente a 41% a favor del Instituto Armado, una cifra que se ha variado ahora en torno a un 1%.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, ha asegurado que se ha producido «a última hora un recorte salarial de 4,3 millones de euros», que irán finalmente destinados a los policías nacionales, «sin dar la menor explicación» al cuerpo afectado.

«Nos deben una explicación de por qué en 2019 se va a recibir una cantidad menor de la pactada», ha considerado Fernández, a la par que ha resaltado que se trata de una decisión «tomada de manera unilateral» por parte de Interior, puesto que la Guardia Civil carece de una representación sindical que pueda «luchar por sus derechos».

«Diálogo efectivo»

Por ello, Fernández ha anunciado que ante el «silencio» de Interior se va a crear un «calendario de movilizaciones» que irán de «menor a mayor grado» de queja -y que darán a conocer la próxima semana-. Reclaman a Marlaska y Azón «un diálogo efectivo» respecto a la equiparación salarial.

El acuerdo de equiparación se firmó siendo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y fue respetado en sus términos por Grande-Marlaska. En total, fija una subida de 807 millones en tres años, desde 2018 a 2020. Al no haber presupuestos generales, este año se llevará a cabo la subida de 250 millones a partir de la nómina del mes de abril, aplicando para ello el Real decreto-ley para la función pública aprobado en enero.

Además de considerar como responsable directo a Azón, para el que piden su dimisión, las asociaciones están de acuerdo en que el último responsable de la cadena de mando es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que consideran que también es «cuestionable» su trabajo.

«Marlaska tiene un grado de responsabilidad, ¿por qué no se va a cuestionar que también dimita?», ha barajado el portavoz de UnionGC, Ramón Rodríguez, que defiende que el ministro tiene que «ser coherente» con sus decisiones y ver que «ha despreciado a su colectivo».

«Maniobra electoral»

Según ha confesado Rodríguez, las asociaciones consideran que el único argumento es «una maniobra electoral» y «un favor que se le hace a los sindicatos». La Policía Nacional tiene previsto celebrar las elecciones sindicales este año.

Desde la Policía Nacional, los sindicatos representativos SUP, CEP y UFP se congratularon de que se vaya a proceder a la subida de 2019 de 177,5 euros brutos de media después que se «lograra incrementar un 1,73% la cantidad correspondiente para este Cuerpo (4,32 millones)».

Estos tres sindicatos sí respaldan que, como ha fijado la Secretaría de Estado de Seguridad, el reparto de 2019 «no se haga con un criterio estrictamente lineal», aplicando «factores de corrección» para tener en cuenta las diferentes escalas. El SPP, sindicato con representación en la escala de mando, se ha desmarcado de este cambio con respecto a 2018.

Este último sindicato pide que se dé traslado de forma urgente de los trabajos de la auditoría externa que debía esclarecer las cantidades que deben percibir policías y guardias civiles para igualar sus sueldos con los Mossos d’Esquadra.

El SPP se queja del «chantaje» que vivió en la reunión del 27 de febrero con el director general, Francisco Pardo, al «ponerles en la tesitura de tener que elegir entre aceptar un reparto injusto con los mandos policiales o no firmar un acta para que se produzca el cobro de las cantidades de este año, lo que sin duda hubiera supuesto el final del acuerdo de equiparación».

El sindicato ASP, también con representación en el Consejo de la Policía, ha considerado que cualquier acuerdo «es nulo de pleno derecho» si no lleva su firma. Por este motivo, ha anunciado que denunciará al director general y a la subdirectora de Recursos Humanos por un delito de prevaricación administrativa derivado de lo que llaman «falsa equiparación salarial».

El acuerdo de equiparación policial ha sido fuertemente criticado por la plataforma Jusapol al entender que no es «real» en su homologación con otras policías autonómicas y locales. Esta plataforma presentó una iniciativa legislativa en el Congreso y también ha impulsado un sindicato en la Policía y una asociación en la Guardia Civil.