Los golpistas presionan a Sánchez para no pagar los intereses por el dinero malversado en el 1-O

En pleno proceso de negociación entre el PSOE de Pedro Sánchez y el independentismo catalán para conseguir una nueva investidura, los golpistas del procés han presentado un recurso de apelación ante el Tribunal de Cuentas para exigir, de nuevo, un trato de favor que les evite responder por el dinero público que malversaron desde la Generalitat para financiar el golpe secesionista de 2017, que tuvo como epicentro el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ahora, insisten no sólo en que se les deje de computar los intereses por ese dinero malversado en caso de ser condenados, sino que, además, apelan interesadamente a la Constitución contra la que se rebelaron y a la que combaten: piden amparo al Tribunal Constitucional.

En su nuevo recurso, uno más de la retahíla de acciones dilatorias en las que llevan basando su acción de defensa, acusan a este orden de la jurisdicción contable de tratarles de forma «desproporcionada».

Así, en el escrito presentado por los golpistas ante el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, alegan que «la lesión del derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva se produce por la innecesaria y desproporcionada restricción actual (…) derivada a la imposición de la carga de los intereses de demora». Y, pese a que sus recursos están dilatando continuamente el procedimiento, pretenden culpar a la Justicia de esta tardanza en juzgar y sentenciar su caso: «es una demora que se escapa de control y que se alarga ya varios años para poder acceder al enjuiciamiento y defenderse», continúa el recurso de apelación de los golpistas.

La norma procesal del Tribunal de Cuentas establece que, para cualquier acusado de haber desviado dinero público desde un cargo administrativo, el cómputo de intereses se paraliza en dos únicos supuestos: si el acusado se allana antes de sentenciar y paga la cantidad reclamada, o si existe sentencia y se cumple con el abono impuesto en ella. La primera opción, que es a la que los cabecillas del procés podrían acogerse en este momento procesal, es algo que en ningún caso plantean. Descartan de plano devolver el dinero que se les acusa que malversaron para ponerlo al servicio del golpe independentista.

De modo que, ante este contexto, lo que piden en realidad es un trato de favor. Modificar la norma procesal y el criterio de la jurisdicción contable de modo que, para ellos, se paralice del contador de los intereses por el dinero malversado. Fiscalía y Sociedad Civil Catalana cifran aquella malversación entre tres y cinco millones de euros, respectivamente. Hasta ahora, tanto la Fiscalía como la acción popular que ejerce Sociedad Civil Catalana han coincidido en negar las pretensiones de los golpistas, y en esa línea se pronunció el Tribunal de Cuentas semanas atrás, cuando respondió por vez primera a esas pretensiones.

Ahora, con el nuevo contexto político derivado de los resultados electorales del 23J y la reforzada posición adquirida por los independentistas ante Pedro Sánchez, queda por ver si la Fiscalía mantiene el mismo criterio ante este recurso de apelación. Sociedad Civil Catalana, representada en este proceso por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, mantendrá la misma posición.

Piden amparo constitucional

Los recurrentes que insisten en pedir este trato de favor ante el Tribunal de Cuentas son el ex vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Dolors Bassa y Raúl Romeva, junto a varios más de los encausados. En realidad, lo suscriben sólo una parte de los procesados, pero sus pretensiones se extienden a todos los implicados que se las ven ante el Tribunal de Cuentas, un total de 35 ex altos cargos de la Generalitat. Entre ellos, el fugado ex presidente catalán Carles Puigdemont, convertido ahora en figura clave en las negociaciones con Pedro Sánchez.

El golpe secesionista fue un ataque directo contra la Constitución Española. Ahora, sin embargo, apelan a ella con vehemencia para que les ampare. No reconocen la soberanía nacional que impide la secesión que ellos promovieron, pero ahora exigen al Tribunal de Cuentas que, para defender su patrimonio personal -comprometido ante una eventual sentencia condenatoria con pago de intereses- eleve sus pretensiones al Tribunal Constitucional mediante la formulación de una cuestión de constitucionalidad.

Es decir, exigen que sea ese órgano, el Tribunal Constitucional, bañado por la influencia política derivada de la designación de sus miembros, el que diga, con carácter vinculante, si procede aplicar la excepción que ellos plantean: que se pare el contador de los intereses y, así, poder alargar al máximo posible su estrategia de defensa, dilatar el procedimiento sin que eso les conlleve coste alguno. Dicen que lo contrario vulnera el principio fundamental del derecho de defensa, la tutela judicial efectiva que -insisten- se les debe reconocer por la Constitución de la que reniegan.

Escrito de la Fiscalía

Hace semanas, a raíz de ese primer intento de eludir los intereses, el escrito del fiscal que publicó en exclusiva OKDIARIO dictaba que «sólo el pago del principal extingue la obligación de abonar intereses (…) cuyo cálculo se realizará desde el día en el que la obligación debió cumplirse hasta la completa satisfacción del derecho».

La Fiscalía alegó en su escrito hace un mes que «el recurrente debe soportar las consecuencias derivadas de su propia decisión y actuación procesal en la medida en que repercuta en la obligación de indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por la Entidad perjudicada. Se produce cuando el recurrente no acepta la liquidación provisional y se opone en el procedimiento de reintegro por alcance», subrayan.

El objetivo de los separatistas procesados ha sido siempre el de evitarse el máximo posible en su condena patrimonial y, así, blindar sus propiedades, además de retrasar todo lo posible la sentencia mediante la interposición de recursos. Finalmente, como ya dictó el Tribunal, el juicio tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.

Dicen los encausados que los intereses a los que se enfrentan, dado el tiempo transcurrido desde que se produjo la malversación, puede ascender a tal cantidad que atenta contra su «derecho a la propiedad». Y que, dado que compromete sus bolsillos en exceso, dicen que también infringe el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Es decir, alegan que no pueden defenderse libremente porque cuantos más recursos presenten, más corre el tiempo y más intereses suman. Pero eso, como les recordó el Tribunal de Cuentas, es fruto de los actos de los que se les acusa y es algo a lo que se enfrenta cualquier otro encausado ante este órgano jurisdiccional.